Toma y daca
08/12/18
La estrategia del toma y dame acá, pinta de cuerpo entero la manera en que esta semana se manejaron determinados sectores de la política, que reaccionan de manera estentórea ante distintas acciones, sin pensar en los daños colaterales a las instituciones del Estado. La discusión sobre la conformación del cuerpo deliberativo de Capital, las denuncias cruzadas entre paredismo y quintelismo, como el proceso reeleccionista de Casas, son un claro ejemplo de un proceso confrontativo que promete acentuarse con el correr de los meses.
La crisis que atraviesa el Concejo Deliberante de la Capital no es nueva y por algo se ganó el mote de “delirante” en varias ocasiones, por su manera incorrecta de manejarse. A las pruebas hay que remitirse: hoy tiene un concejal menos al que no se le permite asumir, un viceintendente que no es tal y ocho de sus miembros imputados en la Justicia por desobediencia a la autoridad.
La última sesión del órgano capitalino fue escenario de un nuevo capítulo de la pelea entre el oficialismo paredista aliado con Cambiemos y la oposición justicialista. El eje de la discordia fue el dictamen judicial donde ocho ediles y Oscar Luna, aparecen imputados por el delito de desobediencia a la autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, tras la denuncia presentada en su momento por Alfredo “Turco” Menem que reclama su incorporación como concejal en la banca número 15.
El dictamen obviamente fue rechazado por mayoría e inmediatamente se produjo el contraataque, con descalificaciones al fiscal que los imputó, como también denuncias al seno del sector quintelista que integra Menem. El primer argumento esgrimido es que se trata de un organismo independiente, que toma sus propias decisiones, por lo que rechaza someterse a las decisiones judiciales amparándose en su autarquía.
Sin embargo, no se debe perder de vista que las distintas patas del Estado existen justamente para contrapesarse entre sí, porque es la garantía que ninguno de ellos avasalle derechos por su cuenta sin que nadie los controle. Muchos se preguntarán por qué tanto drama por una banca deliberativa y la respuesta es que, si bien ese escaño no modificará considerablemente las fuerzas internas, tiene un sentido simbólico para el sector del intendente Paredes Urquiza, que no está dispuesto a perder.
La historia se remonta a la renuncia del viceintendente Felipe Alvarez que derivó en la designación de Oscar Luna en su lugar, por el voto de los concejales paredistas y radicales. La decisión fue de lo más extraña y además cuestionada, porque los ediles se arrogaron el poder popular de ungir una autoridad que necesita del voto ciudadano, cuando en realidad está prevista la cobertura del cargo a través de la vicepresidencia primera del cuerpo. Esta asunción dejó una banca sin representante, por lo que Menem como integrante de la lista de Oscar Luna, la reclamó. Luego de varias instancias judiciales y planteos de otros aspirantes al escaño, la Justicia le dio la razón a Menem.
Fue entonces cuando el cuerpo deliberativo por mayoría desoyó a la justicia y le negó la asunción al dirigente quintelista, lo que desató este nuevo capítulo donde la instancia es penal. Hasta llegó a argumentarse que “así como la Cámara de Diputados no dejó asumir la banca a Felipe Alvarez, acá tampoco se permitirá que asuma Menem”. En honor a la verdad, ambos casos no tienen relación porque Alvarez fue rechazado por sus pares por su inconducta, algo que no sucedió con el “Turco” Menem.
Ahora, tanto el “viceintendente” Oscar Luna como los 8 concejales que votaron en contra de su asunción, deberán desfilar por tribunales para ser indagados. La preocupación reinante es que la Justicia podría inhabilitarlos para ocupar cargos públicos y muchos de ellos tienen intenciones de postularse el año próximo.
La reacción de Luna y compañía en nombre del oficialismo municipal, fue apuntarle al ex intendente Ricardo Quintela por la presunta falta de rendición de cuentas por la inversión de 17 millones de pesos en equipamiento para el tratamiento de la basura. El actual diputado niega la acusación, asegura tener todo rendido y que le llama la atención que la denuncia aparezca a tres años de la nueva gestión comunal. Esto es algo que todos se preguntaron, por qué esta “devolución de gentilezas” se realiza como venganza y no con el ánimo de esclarecer el destino de los fondos públicos.
Pero no todo termina acá, sino que dos de los concejales imputados anunciaron que pedirán juicio político a su par Carlos Machicote, que en su momento fue secretario de Servicios Públicos durante la gestión de Quintela. Otra reacción en cadena, que tendrá su correlato este lunes cuando los seis ediles opositores cuenten su versión a la prensa. En principio no están dadas las condiciones para avanzar en un enjuiciamiento porque el paredismo necesita diez votos y cuenta con ocho, pero la historia parece de nunca acabar. Mientras tanto, el ciudadano capitalino mira desde lejos esta discusión meramente política, más preocupado por la deficiente prestación de los servicios públicos y las falencias en la infraestructura de la ciudad, al tiempo que observa absorto un nuevo viaje por el mundo de su intendente Alberto Paredes Urquiza, que esta vez estuvo en Roma en busca de la bendición papal.
RECALCULANDO
Desde aquel impulso concreto a la reelección de Sergio Casas que dio el Congreso del PJ, el mundillo político riojano se erigió en especialista en conceptos constitucionales, para analizar el artículo 120 de la Carta Magna provincial. El único que mantiene silencio de radio es el propio mandatario, porque el resto de la dirigencia se dividió entre quienes avalan la posibilidad y quienes la rechazan de plano.
En la Casa de las Tejas son cada vez más optimistas porque “los planetas comienzan a alinearse”, confiesan algunos miembros de la mesa chica del casismo al aludir a ciertas señales que llegan desde la Nación y desde los ámbitos judiciales. La expectativa está centrada en lo que podría suceder con la presentación del gobernador rionegrino Alberto Wereltilneck ante la Corte Suprema, para buscar su reelección. Este es un caso muy similar al de Casas, por lo que una resolución favorable le daría al riojano el espaldarazo necesario.
No obstante y al margen de las buenas señales que habría, el entorno del Gobernador trabaja en distintas alternativas para buscar su permanencia por cuatro años más, por lo que nada se descarta. Tanto diciembre como enero serán meses claves para tomar decisiones vinculadas con la estrategia electoral del oficialismo.
Por su parte, la oposición parece haberse aglutinado en torno al rechazo a la posibilidad de una reelección, cubriendo su temor por enfrentar a Casas con el argumento de una posible violación a la letra constitucional, algo que todavía no es cosa juzgada. Alberto Paredes Urquiza, Julio Martínez, Teresita Luna e incluso Beder Herrera ya se expresaron en contra y hasta hubo un intento para que el foro de abogados se exprese en este sentido, pero la falta de consensos impidió la emisión de un documento crítico hacia la reelección. Evidentemente las opiniones están muy divididas y cada una de ellas teñidas de intereses políticos sectoriales.
Lo que queda en claro es que los únicos preocupados por discutir esto son los dirigentes políticos, porque la sociedad está enfrascada en saber cómo llega a fin de año, disfrutando de los merecidos aumentos salariales y pensando en las vacaciones. El adelantamiento de la feria estatal también descomprimirá cualquier reclamo o discusión y trasladará todo para febrero o marzo. En el interín muchas cosas sucederán y habrá que estar muy atentos porque la mente política no descansa ni tiene vacaciones.
LA DEMOCRACIA PERDIÓ UNA BATALLA
La sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados de la Nación celebrada esta semana fue el epicentro de uno de los desplantes más grandes que sufrieron los trabajadores de la prensa gráfica de todo el país. 127 diputados alzaron su mano para avanzar con la derogación de hecho de la Ley 26.736 que en diciembre de 2011 declaró de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios.
Al suprimir los artículos 20, 21, 24, 25, 26, 27, 40 y 41, se quitan todos los mecanismos de control sobre las empresas fabricantes de papel para diarios, con la primacía que ostenta la empresa Papel Prensa. Todos los organismos vinculados a la comunicación cooperativa gráfica denunciaron esta actitud de los legisladores en favor de los grandes grupos económicos en desmedro de los medios que padecen los constantes avatares económicos del país. Además, alertaron que éste es un nuevo avance de los grupos monopólicos de la Argentina, que actúan con el aval del Congreso de la Nación.