El 10% de denuncias por trata involucra a funcionarios
Según reveló un informe de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) a partir de las llamadas al 145 durante 2016..
Dos intendentes, un fiscal federal, muchos policías y varios inspectores y empleados municipales. Un informe de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) reveló que de las 1800 denuncias recibidas en 2016 a través de la línea 145, alrededor de un 10% involucra a funcionarios públicos como cómplices o encubridores de las maniobras delictivas.
“El número de denuncias recibidas por este medio aumentó exponencialmente en el último año y mucho tuvo que ver su carácter anónimo. Eso permitió que las personas se animaran a denunciar casos con fuerte implicancia social e institucional. Un ejemplo de ello es que la investigación que involucró al fiscal de Paso de los Libres, en Corrientes, que debió renunciar al cargo, tuvo ese inicio”, explicó Marcelo Colombo, titular del organismo.
En lo que va de 2017, el porcentaje de funcionarios públicos denunciados al 145 se mantiene constante con respecto a los informes de los dos años anteriores. Sobre el tipo de imputación, desde la Procuraduría admiten que son “absolutamente heterogéneas”. En ocasiones, los denunciantes no suelen identificar a personas concretas, sino utilizar expresiones genéricas tales como “determinada comisaría”, “la municipalidad”, “los jueces”, “vínculos con la política” o “un policía de tal seccional”.
El documento también da cuenta de que durante 2016 se iniciaron 293 investigaciones preliminares de presuntos casos de trata de personas: 31 de ellas comenzaron a través de llamados efectuados al 145, mientras 262 provinieron de organismos públicos y/u organizaciones civiles (Ministerio de Seguridad, fundaciones, consulados, Dirección de Asistencia a la Víctima de la Ciudad, entre otros).
De ese total, el 75% fue derivado a fiscalías de competencia local o federal a lo largo de todo el país. Alrededor de 130 denuncias ya fueron archivadas, mientras que 31 dieron lugar al inicio de investigaciones preliminares en la Protex, dado que comprendían casos de connivencia o complicidad de altos funcionarios públicos o probaban la existencia de una red. A otros 313 casos se les dio tratamiento de emergencia, derivándolos desde el Ministerio de Justicia a las fuerzas de seguridad federales para su inmediata intervención.