Diputados aprobó la gratuidad de la luz para electrodependientes
Fue por unanimidad y se giró el proyecto al Senado para su sanción definitiva. Antes el plenario homenajeó Ballestrini y a Micaela la joven asesinada en Entre Ríos..
La Cámara de Diputados aprobó esta tarde por unanimidad y giró al Senado el proyecto de ley de Gratuidad de Tarifas del Servicio Eléctrico para Usuarios Electrodependientes. La propuesta fue sancionada en una sesión especial convocada por el oficialismo con 211 votos afirmativos.
Los legisladores decidieron acortar sus discursos para darle media sanción al proyecto de ley antes de las 16.30, horario en el que se tenía que retirar un niño electrodependiente que seguía en debate en el recinto junto a su familia.
En el arranque el plenario homenajeó en el recinto al recientemente fallecido exvicegobernador bonaerense y expresidente de la Cámara baja Alberto Balestrini y a la joven militante asesinada en Entre Ríos Micaela García.
Referentes de las distintas bancadas rindieron tributo al histórico dirigente del peronismo bonaerense momentos antes del inicio del debate en torno al proyecto de ley para la provisión gratuita de energía eléctrica para personas electrodependientes.
Destacaron la trayectoria del dirigente que "jamás trató a ningún compañero de traidor" y su labor como abogado defensor de los Derechos Humanos durante el último proceso militar. También destacaron la "idoneidad" con que Balestrini condujo la presidencia de la Cámara Baja entre 2007 y 2010, año en que tuvo un accidente cerebrovascular que lo alejó de la política.
Finalizados los homenajes a Balestrini, el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, dio curso a los tributos a Micaela García, la joven de 21 años que fue violada y asesinada semanas atrás a la salida de un boliche de Gualeguay, Entre Ríos.
El proyecto orientado a pacientes electrodependientes contempla un tratamiento tarifario especial gratuito y prevé además un grupo electrógeno sin cargo para cubrir los eventuales cortes en el servicio.
En este marco, se establece la creación de un registro nacional que estará a cargo del Ministerio de Salud de la Nación y no de las prestadoras del servicio, con el fin de determinar quiénes pueden acogerse a los beneficios de la ley y efectuar un monitoreo permanente sobre sus necesidades.