La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, a cargo de Delfor Brizuela, solicitó a la Justicia Federal se reactive la medida cautelar, para frenar el "desmantelamiento" que se continua realizando en la propiedad en la que funcionó la Ex Policía Federal..

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Este lunes el secretario de Derechos Humanos de la provincia junto a los Abogados de la institución, presentaron ante la Fiscal Federal, un pedido de intervención, para frenar los avances de "destrucción"  de  la Ex Policía Federal que están realizando los actuales dueños del inmueble, ubicado sobre calle Adolfo E. Dávila 171.

Igualmente notificaron de la situación, al Director Nacional de Sitios de Memoria de la Nación a fin de que también, desde esa área nacional, se tomé intervención de acuerdo a sus competencias y facultades.

La Casona fue señalada por ex presos políticos como un centro de detención ilegal de tortura, que funcionó durante la dictadura militar, y por la cual pasaron decenas de riojanos.

El inmueble  fue señalizado en marzo de 2015, como Sitio de la Memoria en el marco de la Ley Nacional 26.691.

Así también a fines de 2016, la Legislatura Provincial expropió el inmueble declarándolo mediante Ley Provincial N° 9.926 "de utilidad pública y sujeto a expropiación de urgencia", para ser destinado al funcionamiento del Espacio Provincial de la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la provincia. Ley que fue publicada en el boletín oficial, el 10 de marzo de este año.

"Pese a ser un inmueble protegido, y en virtud de los tiempos del procedimiento administrativo, para hacer efectiva la expropiación, los actuales dueños continúan llevando a cabo tareas de desmantelamiento de este lugar que forma parte de la historia y la memoria de todos los riojanos y que además es un patrimonio arquitectónico", señaló el secretario de DDHH.

Así también recordó que el año pasado, antes de la promulgación de la Ley de expropiación, la Municipalidad de Capital procedió a clausurar la obra que se estaba llevando a cabo en el interior de la Casona y que terminó con la destrucción de gran parte del interior, por no contar con la autorización  correspondiente para producir modificaciones en un inmueble considerado patrimonio histórico y cultural, y se colocó una faja de clausura.

Sin embargo lamentó que pese a la medida los dueños continuaron con los trabajos de extracción de materiales del inmueble y el consiguiente deterioro del mismo.

Brizuela advierte que es prioritario que la Justicia actué, para frenar la destrucción del primer Centro de Detención y Tortura Ilegal  expropiado en la provincia de La Rioja, antes que se destruya por completo y que además, en su interior hay lugares visibles u ocultos que constituyen elementos de prueba para causas de "lesa humanidad" que se tramitan en la justicia federal.

Es por ello  que el funcionario, solicita que se dictamine la medida cautelar de no innovar, y se asigne una guardia policial que asegure su cumplimento, a fin de "proteger y preservar el Sitio y recuperar la memoria de lo allí acontecido", hasta tanto finalice el trámite administrativo de expropiación.

Tal pedido se materializa en virtud de un informe que recibió la Secretaría por parte del Colectivo Quipus, en donde se detallaba que el inmueble de calle Adolfo E. Dávila, está siendo desmantelado. En el informe se detalla y se puede ver en fotografías adjuntadas que "los postigos y ventanas están totalmente abiertos pudiendo observarse la destrucción interior del edificio".

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