Diario El Independiente || Edición Digital
Skip to main content

La ONU exige a Argentina poner fin a persecución de travestis y trans

El Comité contra la Tortura de la ONU expresó preocupación por la persecución a mujeres migrantes travestis y trans en Argentina por parte de las fuerzas de seguridad, particularmente en la Provincia de Buenos Aires. Así lo expresó en una parte de su informe sobre detenciones y malos tratos..



Después de la presentación enviada desde la organización OTRANS Argentina, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT por sus siglas en inglés) redactó una serie de observaciones donde expresó su gran preocupación por las detenciones por motivos de discriminación de personas travestis y trans afrodescendientes y migrantes de otros países latinoamericanos.

Allí se refiere a las requisas vejatorias de personas transgénero y travestis en la calle y en comisarías. Y remarca las detenciones “en condiciones humillantes”. El Comité le exigió al Estado terminar con la impunidad de esos hechos, capacitar a los efectivos de las fuerzas federales y provinciales y proteger a las personas detenidas respetando la identidad de género.

El informe de la ONU – que se dio a conocer el miércoles 10 de mayo-  es el resultado de un análisis sobre la situación del país en materia de violencia institucional, situación en las cárceles, proceso de Memoria, Verdad y Justicia por crímenes de lesa humanidad, femicidios y violencia de género. Puso la lupa sobre el cumplimiento de la Convención Internacional contra la Tortura.

Cuatro días después de esta respuesta, la presidenta de OTRANS Argentina, Claudia Vásquez Haro, sufrió un ataque en su propia casa, donde amenazaron con matarla.

“El Estado tiene obligaciones inmediatas”

Las observaciones del CCT son vinculantes para el Estado argentino: “Acá se está hablando de torturas, por lo tanto, el Estado tiene obligaciones inmediatas e imprescriptibles para evitarla y repararla”, explicó Luciana Sánchez a Presentes, abogada de OTRANS Argentina.

La CCT le exigió al Estado argentino que “se investiguen todos los casos de detenciones arbitrarias, violencia y malos tratos a personas por su origen extranjero, orientación sexual e identidad de género, a fin de enjuiciar y castigar a los autores y suspender a los agentes implicados en los mismos”. Además que capacite a los efectivos de las fuerzas de seguridad federales y provinciales para que respeten la dignidad de las personas durante las requisas personales.

El CCT hace hincapié en la falta de implementación de programas en cárceles y comisarías de la Provincia de Buenos Aires para la integración mujeres trans y travestis sobre la base de su orientación sexual e identidad de género, a nivel federal y provincial, así como el pleno respeto de la Ley 26.743 de identidad de género.

Destaca que hubo 3470 denuncias por discriminación en 2016, casi el doble con respecto al año anterior, y lamenta la falta de información con respecto al seguimiento que se ha dado a estas denuncias.

“El Comité reconoce la existencia en nuestro país de un perfilamiento ejercido por la policía y sostenido por la justicia que tiene que ver con la identidad de género, la afro ascendencia y con la xenofobia. Hay un perfilamiento racista y xenófobo, y en base a la identidad de género, transfóbico”, explicó Luciana Sánchez.