El colectivo Ciudadanos La Rioja apelará ante el máximo Tribunal de justicia de la Nación la inconstitucionalidad del 840, ya que el Superior Tribunal de La Rioja se negó a resolver la presentación que cuestiona las abusivas detenciones policiales por la aplicación del polémico decreto. “La situación es de gravedad institucional porque el Poder Ejecutivo y la Policía aplican un cuerpo contravencional derogado”, sostuvo Pedro Carreño, uno de los abogados del colectivo..

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Preocupados por la inconstitucionalidad del decreto-ley 840, el abuso policial con el que se lo ejecuta, y la ilegal aplicación del Código de Faltas de la dictadura, un grupo de ciudadanos y ciudadanas presentaron en marzo, una demanda que acumula una acción declarativa de certeza, sobre la aplicabilidad del Código de faltas y el decreto-ley 840 que lo modifica, a la respectiva acción de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), basados en un caso concreto de su aplicación a una ciudadana arrestada y multada.

Esta semana se conoció la negativa del Tribunal de tratar en su totalidad el planteo realizado. La resolución judicial rechaza, sin ningún tipo de fundamentos, la posibilidad de analizar y resolver si el Código de faltas de la dictadura y el decreto 840 que lo modifica son aplicables o no por estar derogados por la Legislatura. El resolutorio lleva la firma del Presidente del órgano Luis A. Brizuela con la adhesión de los vocales Mario Emilio Pagotto y Claudio Anna.

“El criterio del Superior Tribunal, esencialmente arbitrario e injustificado, representa para la afectada por el decreto 840, una verdadera denegación de justicia”, sostuvo uno de los abogados que firmó la demanda, el doctor Pedro Carreño. “Se le impide el acceso a la justicia -dijo- y se le niega su derecho a obtener del Superior Tribunal como máximo Tribunal judicial competente de la provincia, el pronunciamiento que declare en definitiva, nada más y nada menos, si el Código de Faltas Ley 4.245, de 1983, y el Decreto-ley 840 que lo modifica, está derogado, y si es o no aplicable. El tribunal se niega a considerar el planteo, y por cierto, a tener que resolverlo. Lo cual es inexplicable, muy grave. Gravísimo”.

Desde el colectivo Ciudadanos indicaron “sospechamos que esta actitud de los jueces del Tribunal obedece a no querer resolver el pedido de declarativa de certeza, porque esto implicaría tener que reconocer y declarar que el Código de Faltas y el 840 que lo modifica, no son aplicables. Esto implica una gravedad institucional extrema: el Ejecutivo provincial y la policía vienen aplicando una norma derogada para privar de la libertad a los ciudadanos y cobrarles multas abultadas, y el Superior Tribunal de Justicia se niega a resolver tan grave estado de incertidumbre, sostuvieron. Hay que recordar que con el decreto-ley 840, la policía detiene, juzga y condena de por sí sola, vulnerando las garantías constitucionales, esto es, sin intervención del juez de la Constitución y sin asegurar el derecho a la defensa del ciudadano”.   

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