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11/10/17

Allanaron Municipalidad de Santa Fe por denuncia contra funcionarios de Cambiemos

En una causa que involucra al presidente de la UCR e intendente santafesino, José Corral, y a su entorno, la Justicia investiga una red de financiamiento ilegal de punteros políticos. La policía se llevó documentos y revisó computadoras del municipio.


Los operativos se realizaron después del mediodía, en el primer piso, en las oficinas del secretario de Desarrollo Social, Carlos Medrano, y de su colega de Hacienda, María Belén Etchevarría: agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) revisaron computadoras y se llevaron documentación del Programa de Iniciativas Comunitarias, que está bajo la lupa. Medrano es el mismo funcionario que ya esquivó dos interpelaciones sobre el asunto en el Concejo Municipal, la última con la excusa de que iría después de las elecciones del 22 de octubre.

La investigación se inició por una denuncia del concejal peronista Juan Cesoni, que apuntó al intendente Corral, Medrano y a la secretaria de Gobierno, María Martín, y además solicitó el “aseguramiento de pruebas”.

“La Justicia tiene que actuar rápido porque acá hay una matriz organizada, una metodología, un sistema de derivación de fondos públicos para fines políticos”, dijo Cesoni. El abogado Alejandro Otte, que lo patrocinó en la denuncia, interpretó la pesquisa judicial en la misma línea: “Nosotros habíamos solicitado medidas para preservar todo lo que tuviera que ver con documentos y archivos relacionados al Programa de Iniciativas Comunitarias”. Y fue lo que se hizo ayer.

En los allanamientos participaron unos veinte efectivos de la PDI, al mando de su jefe, el comisario Mario Monzón. Revisaron los despachos de Medrano y Etchevarría, en el primer piso, y se llevaron cajas con documentación, mientras especialistas en informática de la fuerza analizaban las computadoras.

Alrededor de las tres de la tarde, dos horas después de iniciado el operativo, Monzón dijo que habían “cumplido una orden de allanamiento del juez de turno solicitada por el fiscal Apullán. A nosotros nos encargaron el secuestro de documental y está trabajando también personal de informática”. Y, cuándo le pidieron precisiones, comentó que si era “necesario” también se llevarían las computadoras.