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06/11/17

Advertencia de la Corte Interamericana contra la Corte Suprema argentina

La CIDH le dio un ultimátum al Estado argentino. De aquí al 18 de febrero debe reparar las irregularidades que generó la Corte Suprema en un caso de libertad de expresión. El fallo había sido un antecedente de la sentencia en favor del dos por uno a los represores.


El Gobierno suele ufanarse de que la Argentina volvió al mundo. Pero la Corte Suprema se afana por escaparse. Tanto huye que acaba de recibir un reto severo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que le debe obediencia, porque todavía no reparó los efectos de una sentencia contra la libertad de expresión. Es famosa. Se llama “Caso Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina” y fue impulsada por la Corte argentina en su nueva composición, cuando ya se había incorporado Carlos Rosenkrantz. Es el mismo Rosenkrantz que fogoneó el fallo del dos por uno para los represores de la dictadura.

La Corte Interamericana (de aquí en adelante Corte-I) fijó un ultimátum. A más tardar el 28 de febrero próximo la Argentina debe presentar un informe en el que indique qué reparaciones practicó. 

Reparar es restituir algo a su condición normal. La condición normal de Fontevecchia y D’Amico es que puedan volver al punto en que ningún fallo diga que fue delito informar sobre un presunto hijo no reconocido de Carlos Menem. La Corte-I recuerda en el documento del 18 de octubre, el del reto a la Corte Suprema argentina (Corte-A), que las publicaciones “constituyeron un ejercicio legítimo del derecho a la libre expresión, puesto que trataban sobre asuntos de interés público”.

La Corte-I fue creada por la Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención es de 1969, entró en vigencia en 1978 y recibió la adhesión argentina recién en democracia, en 1984, por decisión de Raúl Alfonsín, recomendación de su entonces funcionario Leandro Despouy y votación mayoritaria del Congreso.

En un fallo de febrero, la Corte-A desconoció una sentencia de la Corte-I dictada en noviembre de 2011. O sea que en lugar de reparar consolidó los fallos de los tribunales inferiores.

El 18 de octubre último, la Corte-I emitió una larga resolución que se llama “Supervisión de cumplimiento de sentencia”. Pasó inadvertida porque fue la misma semana del paquete anunciado por Mauricio Macri, el proyecto de reforma laboral a la brasileña, la renuncia de Alejandra Gils Carbó a la Procuración y los arrestos fast food.

Fuente Diario Página 12