El abuso sexual infantil será un delito de acción pública
Para intentar revertir la impunidad que envuelve al abuso sexual infantil, el 15 de noviembre pasado se aprobó por unanimidad en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, un proyecto para modificar el Código Penal para que el abuso sexual infantil deje de ser un delito de instancia privada y pase a ser un delito de acción pública..
Se espera que el proyecto sea aprobado por la Cámara de Diputados esta semana, que el Senado pueda tratarlo antes de fin de año y se convierta en ley.
¿Qué cambia con esta reforma? Esto implicará que, de ahora en más, si alguien sabe que un niño, niña o adolescente fue víctima de abuso sexual, podrá hacer la denuncia y el Estado estará obligado a investigar aunque esta denuncia no haya sido ratificada por los padres o tutores del menor.
Según estimaciones de la Organización Mundial para la Salud (OMS), 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños son abusados sexualmente antes de los 18 años. Es decir que, sólo en nuestro país, casi 2 millones de niños y niñas son víctimas de este delito. Sin embargo, se estima que solo el 10% de los casos son denunciados, y apenas 1 o 2% de los casos denunciados reciben condena. A nivel nacional, las estadísticas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos indican que en la Ciudad de Buenos Aires un menor es abusado cada 16 horas. Asimismo, en la Provincia de Buenos Aires, en los últimos seis meses, se registraron 85 denuncias por día de violencia contra niños o adolescentes.
Paula Wachter, fundadora de Red por la Infancia, afirma que "el abuso sexual infantil tiene severas consecuencias para el desarrollo individual y social de las víctimas. Produce culpa, humillación, impotencia, estigmatiza y afecta gravemente su autoestima y la percepción que tienen de sí mismos. Se trata de un delito que no suele denunciarse, entre otros factores, porque en el 80% de los casos el agresor es un integrante de la familia". Es un delito silenciado por el propio entorno familiar, ya sea por temor a la condena social, por vergüenza o por miedo a la reacción que pueda tener el agresor.
La reforma de la ley fue impulsada por Wachter en conjunto con Carrizo (presidenta de la Comisión Bicameral para la designación del Defensor del Niño). Además, cuenta con el apoyo de todas las partes involucradas: la sociedad civil, organismos internacionales, el ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio Público Fiscal. Con la aprobación de esta reforma el Estado pasará a ser garante de la protección y el derecho de los niños víctimas.
"Es un primer paso. El próximo será trabajar en protocolos y capacitaciones para operadores judiciales, es importante nacionalizar una mirada informada del modo en que se debe cuidar y tratar a la infancia y adolescencia en los procesos judiciales. Un desafío que comienza luego de la aprobación", afirma Carrizo.
A dónde recurrir
0800-222-1717 es la línea del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que recibe denuncias de abuso sexual infantil.