El reclamo lo realizó al cumplirse 14 meses de la sanción y posterior promulgación de la ley que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación de " Urgencia", el inmueble de la calle Adolfo E. Dávila, donde funcionara la Policía Federal, en los primeros años de la dictadura militar que asoló el país a partir de marzo del año 76..

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“El desmantelamiento y el deterioro de la conocida "Casona" es creciente y preocupante y todavía el circuito administrativo no concluye”, advirtió en un comunicado el titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, Délfor Brizuela.

En este sentido recordó que recurrió “a cuánta medida para salvaguardar lo que queda del inmueble, incluyendo una Cautelar, concedida por la Justicia Federal, para preservar elementos de prueba en causas judiciales de Lesa Humanidad”. En esa línea advirtió que la “medida de custodia y protección del lugar ya caducó”.

“Nos encontramos con el riesgo cierto, de malograr una feliz iniciativa, que encontró eco y respuesta unánime, en la Cámara de Diputados de la Provincia en el año 2016 y que concretaba, en la ley mencionada, el primer Espacio de Memoria de la Provincia de La Rioja”, aportó.

Por ello pidió “la pronta concreción del acto administrativo,  contemplado en la ley de expropiación, para que una huella elocuente de la  Memoria en La Rioja, no quedé en la consumación dolorosa, de apenas una ruina o una  tapera”, finalizó el comunicado del Secretario de DDHH de la Provincia, Delfor "Pocho" Brizuela.

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