CHEPES.El ex diputado Eduardo Nicolás Mercado, entre la impotencia y el disgusto, se expresó sobre los hechos sucedidos en la Escuela de Cadetes, especialmente sobre el fallecimiento del aspirante Emanuel Garay..

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En principio y a rajatabla, se dirigió directamente al fiscal General, “Señor fiscal General, de usted depende que se haga justicia” resaltando “los riojanos nuevamente somos sacudidos en nuestra impotencia por vivir en un estado feudal, donde un organismo del Estado, desde hace tiempo viola los derechos humanos sin que nadie reaccione, hasta la lamentable muerte de Emanuel Garay”.

Más adelante, refiere “Hoy los distintos funcionarios y organismos del Estado simulan encontrarse dolidos y sorprendidos, cuando en rigor de verdad, eran conocedores y cómplices de lo que acontecía en la Escuela de Cadetes de la Policía de la provincia de La Rioja” recordando “El propio secretario de Derechos Humanos lo confirma en cada una de las entrevistas con los medios periodísticos, al citar la denuncia que efectuara en el mes de abril de 2015, al secretario de Seguridad, por problemas de maltrato a los aspirantes de la escuela de Chepes sin resolución” y amplía Délfor Brizuela que “a través de una diputada ha presentado en la Cámara de Diputados, proyectos de ley que habrían evitado la muerte de un joven riojano y tortura a no sé cuántos cadetes”.

Luego aseguró que “los medios de comunicación se hicieron eco en ese entonces, año 2015, de los maltratos hacia los aspirantes y nadie ejercitó los controles o en otros términos, el Poder Ejecutivo no ejerció el poder de policía que consagra el Art.126 inc. 9 de la Constitución Provincial” entendido “como el poder de prevención, omitiendo controles al funcionamiento de la Escuela de Policía. Existe, a mi modesto entender, una clara inobservancia en el deber objetivo de cuidado por parte de los ministros de Gobierno, titular e interino, en razón del cargo que cumplían”.

Ya finalizando, añadió “Sr. Fiscal, le pido valentía y respeto por los habitantes de La Rioja, usted sabe que la responsabilidad penal no termina en la conducción de la Escuela de Policía, sino que los incumplimientos de los deberes de funcionarios públicos del jefe de Policía, del secretario de Seguridad y de los ministros, están a la vista” por lo que “de usted depende una transparente y eficaz investigación e imputación a los responsables, pues no puede soslayarse que el Estado riojano como parte del Estado argentino, incumplió sistemáticamente con el Art. 1.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que tiene vigencia en nuestro derecho interno, desde el año 1984, en que fue aprobado por la ley Nº 23.054, y la Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que fue aprobada por la ley Nº 23.338” finalizó.

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