El 22 de mayo de 1978 fue aprobada en el Parlamento italiano la ley 194, que permite la práctica del aborto en determinadas circunstancias. La ley italiana permite el aborto, dentro de los primeros noventa días de embarazo, en caso de que haya serio peligro para la salud física y psíquica de la madre; existan dificultades económicas, sociales o familiares; o bien ante el temor de anormalidades o malformaciones del que va a nacer..

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Los requisitos son los siguientes: la mujer que desea abortar debe presentarse en un consultorio familiar a un médico de confianza. Se analizan los motivo por los que quiere abortar. A la mujer se le da un certificado y después de siete días puede llevar a cabo su decisión en una de las estructuras sanitarias legalizadas. En caso de urgencia, el médico puede decidir la intervención inmediata sin esperar los siete días.En la conversación con el médico o con los miembros del consultorio se intenta buscar otra solución al aborto, según el motivo aludido. Pero la decisión final es de la mujer.

Para las mujeres menores de dieciocho años se prevé el permiso de quien ostente la patria potestad sobre ellas, pero si en algún caso se desaconseja pedir el permiso a los padres, el médico puede dirigirse a un juez tutelar para que permita o rechace el aborto. La decisión del juez es inapelable.

Lo más grave es que se ha ido descubriendo más tarde que médicos que se habían declarado objetores y, rehusaban practicar el aborto en la Sanidad pública lo hacían después en sus clínicas privadas a precios muy altos. Las feministas se han ocupado activamente en descubrir a muchos de ellos, que han terminado, naturalmente, en la cárcel. Este tipo de abusos se produjeron, y continúan produciéndose, no sólo entre los médicos objetores, sino entre todos los demás.

Oficialmente, el médico debe declarar públicamente su actitud de objetor. En algunas regiones, para aceptarlos en los hospitales se les pone a estos médicos como condición que no sean objetores. Pero, de nada sirve, porque la ley les protege. Así, tras declarar al entrar que no son objetores, más tarde, cuando ya han obtenido el puesto, se convierten de nuevo.

A pesar de todo, la ley ha funcionado, sobre todo en regiones con estructuras suficientes y libres. Las últimas cifras oficiales afirman que casi 300.000 mujeres al año abortan libre y gratuitamente en las estructuras sanitarias del Estado. La media es de 345 abortos cada mil nacidos. Abortan sobre todo las casadas: 70,6%. Muy poco las menores, por lo cual se teme que siga en pie, en estos casos, el aborto clandestino. Por eso los radicales han pedido que se modifique la ley para que se permita a las menores abortar sin ningún permiso.

Después de la aprobación de la ley se ha pasado de un aborto cada seis vivos a uno cada tres. Ha disminuido, pues, la plaga del aborto clandestino, hasta el punto de que el porcentaje de muerte por maternidad ha bajado del 1,8% al 0,6%.

El mayor número de abortos se ha realizado en las regiones del norte, sobre todo donde existen Gobiernos regionales de izquierdas, mientras que en el sur de Italia el porcentaje de abortos legales es mínimo, y altísimo aún el de los abortos clandestinos.

 

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