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18/07/18

Denuncian penalmente a Laura Alonso por contratar a una consultora del PRO

El abogado Leonardo Martínez Herrero presentará mañana una denuncia penal contra la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, por los delitos de “negocios incompatibles con la función pública” y “malversación de caudales públicos”, en el marco de la contratación de la consultora Consuasor, una firma de lobby vinculada al PRO..



La presentación judicial detalla que “habiendo tomado conocimiento de dos notas periodísticas publicadas por el periodista Sebastián Lacunza podría haberse cometido un ilícito toda vez que la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, contrató como responsable de prensa a una consultora. Es algo de por sí inusual para funcionarios públicos, que suelen manejarse con voceros y equipos de comunicación que ocupan puestos estatales. En este caso, además, no se trata de un mero contrato obtenido presumiblemente gracias a un vínculo político, la empresa se dedica nada menos que al lobbying, lo cual pone a Lic. Alonso ante un evidente conflicto de intereses”, explica.

El texto añade que “Consuasor fue fundada en 2005 y contratada por la Oficina Anticorrupción (OA) a comienzos del año pasado. Entre sus servicios ofrecidos en la web, figura la estrategia comunicacional y el análisis de “riesgo político-regulatorio”.

Agrega la denuncia que la consultora ejerce “también el lobbying, es decir, la representación de intereses privados ante el Estado. De modo que la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción (tal es el nombre formal de la OA), una de cuyas tareas es investigar el cruce de intereses estatales y privados, se encuentra ante el escenario de pagar a una consultora que también trabaja para empresas que buscan incidir en políticas gubernamentales”. Y concluye: “Si Consuasor se dedica a abrir puertas de despachos oficiales para sus clientes, la tarea se le torna mucho más llevadera desde el riñón de una dependencia pública dedicada a monitorear el mapa del Estado argentino”.

“La norma -continúa- es que ministros, secretarios y altos funcionarios trabajen con equipos de prensa integrados por empleados públicos fijos o contratados, a veces bajo condiciones precarias. Dado que la tarea tiene alta sensibilidad política y suele ir más allá de la vocería, los funcionarios tienen habilitada la designación de profesionales de su máxima confianza en puestos jerárquicos. A veces con el rango de director nacional”.

La contratación de Consuasor por parte de la OA tomó estado público en enero, y desde entonces la dependencia encabezada por Laura Alonso intentó ocultarlo.

Alonso contrató a la firma de lobby por $82.500 mensuales para realizar tareas de comunicación estratégica, que incluye prensa y manejo de redes. Ese trabajo fue realizado durante 2017 y parte de 2018 por personal de la consultora que no figuraba en los registros de la OA. Para disimular el vínculo comercial, Alonso extendió un contrato a los dos únicos dueños de esa consultora, Facundo Sosa Liprandi y Alejandro Giúdice, por un monto mensual de 44.000 y 38.500 pesos, respectivamente, lo que anualizado suma 990.000 pesos, explica Sebastián Lacunza en Letra P.



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