"Estamos defendiendo el principio de razonabilidad" dijo Quintela
El diputado habló e hizo referencia a la Resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía del Ministerio de Hacienda de la Nación, que impone el pago a los consumidores de la supuesta diferencia ente el precio del gas previsto de los contratos y el de las tarifas..
El diputado provincial dialogó con Radio Independiente 99.1 y explicó que “desde este Proyecto de la legislatura que se ponga en marcha a las autoridades con competencia en la materia y que dependan del Poder Ejecutivo Provincial, para cumplir y hacer cumplir a rajatabla las leyes y la Constitución por las cuales hemos comprometido nuestro juramento”.
“Éste es el momento cuando debemos desde la Política, equilibrar las fuerzas de un gobierno que vino para beneficiar a los ricos, dejando al margen lo consagrado en orden constitucional, especialmente lo referido al control de las empresas y a la Ley de Defensa del Consumidor”, expresó.
De esa manera, sostuvo “nos posicionamos dentro de los deberes del Poder Legislativo, para que la Democracia bien ejercida sea la que ponga las cosas en su lugar. Estamos defendiendo el principio de razonabilidad, de Salud y de derecho humano en el que se considera a los servicios esenciales”.
A esto “se le suma ahora otro abuso al que debemos oponernos con la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia , desde dónde debemos defender los derechos a los que renunció defender el Poder Ejecutivo Nacional a través del ENARGAS, encargado natural de regular el accionar y el abuso de las empresas de servicios”.
En este caso, “del gas transportado desde el 1 de abril al 30 de septiembre, en una obligación por fuera de las tarifas. El aumento de esas mismas tarifas sigue siendo considerado inconstitucional, pero más allá de esa transferencia de recursos de los ciudadanos a las empresas monopólicas”.
Asimismo sostuvo “quiero resaltar que las armas con que cuenta el Poder Ejecutivo Nacional de acuerdo con la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de La Rioja, no puede ni debe ser usado en detrimento del ciudadano común y en beneficio de las empresas prestadoras del servicio”.