La absolución y la condena de Carlos Menem, en manos de la Corte Suprema
A los 88 años, el ex presidente y senador Carlos Menem esperará su suerte judicial en la Corte Suprema. En el cuarto piso del Palacio de Talcahuano promete darse este año el debate sobre la absolución por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, la condena a cuatro años y medio de prisión por el pago de sobresueldos y, sobre todo, por qué la Justicia demoró dos décadas en resolver las acusaciones en su contra.
Algo de esa demora ya planteó la propia Corte en 2017, cuando habilitó a Menem a ser candidato a senador por La Rioja y expuso que Casación se tomó casi seis años en tramitar un recurso de la causa por el contrabando de armas. La causa por los sobresueldos tuvo menos vericuetos, pero la instrucción no fue breve: "Hace ocho años que me fui del Gobierno y todavía siguen con este tema", dijo Menem en 2007 al enfrentar su indagatoria. La condena llegó a fines de 2015.
A este panorama judicial se le suman otras dos complicaciones para el ex presidente que pueden activarse este 2019: por un lado, un pedido de condena de cuatro años de prisión que hizo la fiscal Gabriela Baigún y la querella del Gobierno contra Menem por haber vendido en 1991 el predio de la Rural a un precio más bajo que el de mercado; y, por otro lado, la definición sobre su papel en el encubrimiento al atentado contra la AMIA, que el 18 de julio de 1994 terminó con la vida de 85 personas.
Menem está acusado de haber intentado desviar la llamada pista siria en los primeros días posteriores al atentado. La Fiscalía y las querellas AMIA y DAIA pidieron para él una pena de cuatro años de cárcel; las querellas de Memoria Activa y del Ministerio de Justicia reclamaron seis años de prisión, mientras que la querella de APEMIA exigió 14 años de encierro. Si es culpable y qué pena merece, es decisión del Tribunal Oral Federal 2 que desde hace más de tres años sustancia este debate. El 2018 se fue en alegatos. Ahora los acusados fueron invitados a decir sus últimas palabras. El paso siguiente será la sentencia.
Bajo este escenario, queda claro el extenso tiempo que se tomaron los propios tribunales para avanzar con las causas contra el ex presidente, con hechos que, según la acusación, fueron cometidos durante su gestión (1989-1999). Se investigan hechos que sucedieron hace 30 años como máximo y 20 años como mínimo. En ese tablero, la defensa de Menem puso en juego un derecho que está expresamente reconocido en los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional y, de forma implícita, en la Constitución Nacional: el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
Pero, ¿qué es un plazo razonable? Los expertos y la jurisprudencia hablan de "considerar la complejidad del asunto, la actividad procesal del acusado, la conducta de las autoridades judiciales y la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada".
Fuente: Infobae