El vicegobernador Bosetti denunció a la diputada Adriana Olima
El viernes tuvo ingreso en oficinas del Ministerio Público Fiscal, una nueva denuncia penal del vicegobernador Néstor Bosetti en contra de la vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados, Adriana Olima. La acusa de la supuesta comisión del delito de usurpación de autoridad, títulos y honores, y abuso de autoridad..
Bosetti fundamenta su denuncia en las “conductas desplegadas” por la diputada, las cuales han continuado pese a los reclamos judiciales previamente interpuestos por éste. “Para que el vicepresidente primero asuma funciones, el presidente de la Cámara (en este caso, el vicegobernador) tiene que estar ausente del ámbito provincial o impedido temporalmente para ejercer la presidencia, y las facultades deben ser delegadas mediante acto administrativo”, remarca el escrito presentado ante el fiscal general en feria, Marcial Cerezo.
El vicegobernador sostiene que Olima “ya lleva firmados 191 decretos de Presidencia”, asumiendo “de hecho” la conducción administrativa de la Cámara. Y hace mención especial a que la legisladora “arrogándose una vez más facultades que no le corresponden, ni le son propias, procedió a convocar a sesión extraordinaria el día 19 de diciembre de 2018”. Ese día la mayoría justicialista sancionó la Ley de Enmienda Constitucional que corrige el artículo 120 relacionado con la reelección de gobernador y vice, y que será objeto de consulta popular el próximo 27 de enero.
Bosetti afirma que no existió acto de delegación, dado que nunca se le notificó ni se le comunicó la situación, aún, cuando se encontraba en pleno ejercicio de su cargo y dentro de los límites de la Provincia, en la misma ciudad de La Rioja. “De haberme comunicado personalmente o telefónicamente en no más de 10 minutos, hubiera estado presente en el recinto a fin de analizar si la convocatoria cumplía con los requisitos formales para su admisión y trámite”. Luego, cuestiona el decreto suscripto, el cual señala que no sería válido.
Para el vice de Sergio Casas, “(Olima) está dictando o produciendo actos administrativos nulos y de nulidad absoluta, con toda la gravedad institucional que ello le ocasiona a la Provincia”, configurándose así el supuesto delito de abuso de autoridad. A su vez, pide que se investigue a los demás “partícipes del hecho”, ya sea por comisión u omisión, responsables -a su entender- de no haber detenido el curso del trámite.
En su denuncia, Bosetti solicita al fiscal que previo a los trámites de rigor produzca el dictamen acusatorio, promoviendo la acción penal. Asimismo, hace reserva del caso federal, es decir, advierte que si fuera necesario podrá recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Luego de presentarse ante la Justicia, el vicegobernador expresó que sabe “cómo termina esto (en nada, como la anterior)”, no obstante lo cual aseveró que “es mi obligación hacerlo”. En los últimos días, declaró abiertamente su rechazo a la Enmienda constitucional que, de ser aprobada por la ciudadanía, posibilitaría la reelección de su compañero de fórmula si éste se postulara. Señaló que “atenta contra la institucionalidad”, lo mismo que la presunta usurpación de su cargo, lo cual sería “avalado” desde el Gobierno provincial.