Para Brizuela y Doria con reforma del financiamiento político se da equidad electoral
La iniciativa que busca avanzar en transparencia en el financiamiento político, recibió media sanción martes último en la Cámara de Senadores de la Nación y pasó a Diputados. Después de meses de debate y trabajo en comisiones, el proyecto de reforma llegó al recinto con los consensos básicos para darle media sanción.
Entre otros puntos, habilita los aportes de empresas para campaña con un límite del 2% de los gastos permitidos, mantiene la prohibición de aportes provenientes de sindicatos, introduce regulaciones sobre redes sociales, el trabajo de las encuestadoras y consultoras. También modifica los plazos de la campaña y se reduce a la mitad el tiempo de programación audiovisual. Además, establece la bancarización de los aportes, y prohíbe los aportes de dinero en efectivo.
La senadora riojana, Inés Brizuela y Doria, autora de una de las iniciativas y miembro informante del interbloque Cambiemos, sostuvo: "hemos trabajado mucho para lograr consensos que nos permitan avanzar en mejorar el marco legal existente”. Precisó que “la democracia no tiene precio pero tiene un costo: el costo de financiamiento de los partidos políticos. Hay una necesidad de fortalecer los sistemas de control de ese financiamiento, y evitar que el dinero controle la política, para fortalecer la calidad democrática”.
El proyecto establece la bancarización de los aportes, con un sistema de trazabilidad desde el origen: los aportes en dinero solo podrán efectuarse mediante transferencia o depósito bancario, tarjeta de crédito, débito. El donante deberá acreditar su identidad, y los bancos o administradoras de tarjetas de crédito o débito deberán informar al partido beneficiario quién fue el aportante. El partido podrá devolver el aporte si así lo considera.
Se avanza en un sistema de financiamiento mixto, habilitando los aportes de empresas para campaña electoral. Los partidos no podrán recibir contribuciones anónimas; se mantienen las prohibiciones vigentes actualmente, y se agregan como aportantes prohibidos los permisionarios o contratistas. En este sentido, Brizuela y Doria, consideró que “es necesario mantener las prohibiciones vigentes”, en alusión a la imposibilidad que tienen hoy los sindicatos para aportar a las campañas electorales (único punto en el que hubo disidencias entre oficialismo y oposición).
En materia de género, la media sanción prevé que los partidos políticos deberán destinar al menos el 30% del fondo de capacitación, para actividades de fortalecimiento de liderazgo femenino.
La publicidad en medios de comunicación queda prohibida antes de los 35 días previos a la fecha de la elección -hoy el plazo es de 25 días-. Asimismo, se amplía el plazo a partir del cual los candidatos ya no podrán realizar actos de gobierno -será dentro de los 25 días previos al comicio.
El proyecto reduce a la mitad (del 10% al 5%) el tiempo total de programación audiovisual con fines electorales. A partir del año 2020, la mitad de este porcentaje será cedida a título gratuito, y la otra mitad será considerada pago a cuenta de impuestos nacionales. Del total de los recursos públicos destinados a la inversión en publicidad digital, al menos un 35% deberá destinarse a sitios periodísticos digitales generadores de contenido y de producción nacional, y al menos otro 25% a sitios de producción provincial.
Además, la Cámara Nacional Electoral llevará el registro de las cuentas oficiales de redes sociales, sitios de Internet y demás canales digitales de comunicación de los partidos y sus candidatos, que luego deberán rendir cuentas sobre su campaña digital.
La campaña electoral, que hoy inicia 35 días antes de la fecha de la elección, comenzará ahora 50 días antes; y finalizará, como ahora, 48 horas antes del inicio del comicio.
La Cámara Nacional Electoral creará un Registro de Empresas de Encuestas y Sondeos de Opinión, donde deberán informar detalladamente sobre quiénes realizaron los trabajos, quienes contrataron y cuánto facturaron.
El proyecto avanza en los controles cruzados entre organismos financieros, órganos de control (AFIP, UIF, etc) y Justicia Electoral.
Se fortalece el cuerpo de auditores de la Cámara Nacional Electoral aumentando el número de auditores.
Finalmente, la senadora riojana expresó que, “el dinero es, hoy por hoy, la mayor amenaza a la democracia en el mundo; y la falta de transparencia genera descreimiento de la sociedad en sus representantes”. Además concluyó: “el dinero para financiar el proceso electoral es fundamental y el acceso desigual al financiamiento afecta la oferta electoral. Una oferta electoral pobre, debilita la democracia. El acceso en iguales condiciones a fuentes de financiamiento aumenta la oferta electoral y fortalece la democracia.”
“Con esta reforma, estamos dando un paso adelante en materia de transparencia, equidad electoral y fortalecimiento del sistema democrático”.
Finalmente, Brizuela y Doria hizo un parangón entre el sistema nacional y los distintos regímenes provinciales, y reclamó el pronto debate de una ley que establezca un umbral mínimo de ciudadanía para todos los argentinos: “La diversidad de sistemas, en nombre del federalismo político, han permitido que en provincias como La Rioja subsistan regímenes predemocráticos, sin reglas claras, sin transparencia. Cuando las elecciones provinciales son simultáneas con las nacionales, se burlan absolutamente los controles del sistema nacional. Debemos ser capaces de debatir una norma que nos garantice el pleno ejercicio de los derechos políticos a todos los habitantes de la Nación, en igualdad de condiciones. En La Rioja no tenemos ley de financiamiento, los candidatos oficialistas se financian con fondos públicos y no rinden cuentas, usan los medios del Estado en forma indiscriminada, y ahora ni siquiera tenemos fecha de elecciones”, concluyó.