Diario El Independiente :: Edicin Digital
El Independiente Digital

21/08/19

Casas firmó documento que exige a la Nación una compensación para las provincias

El gobernador Sergio Casas participó hoy del cónclave de gobernadores justicialistas, donde estuvieron representadas un total de 18 provincias argentinas, con el objetivo de definir la compensación que los gobiernos provinciales exigirán a la Nación, luego del paquete de medidas económicas que anunció el presidente Mauricio Macri y que provocarán una pérdida de 51 mil millones de pesos a las provincias, entre ellas La Rioja que perderá 950 millones de pesos por coparticipación.



Casas advirtió que los gobernadores no se oponen a ninguna medida que beneficie al pueblo, pero consideran que las medidas adoptadas vulneran derechos consagrados en la Constitución, como lo son los recursos coparticipables. Por ello exigen una compensación financiera que garantice el normal funcionamiento de la provincia. En un documento, los mandatarios plantean que, en caso de no tener respuestas concretas, buscarán un amparo judicial.

El mandatario riojano afirmó que “los gobernadores no estamos en contra de ninguna medida tomada por la Nación, que beneficie al pueblo”, aunque advirtió: “pero tenemos la responsabilidad de defender a nuestros representados, por ello exigimos al Estado Nacional un instrumento de compensación financiera”.

Agregó el gobernador de La Rioja que esa compensación financiera debe “garantizar el normal funcionamiento provincial” al considerar que “los efectos de las medidas adoptadas por el gobierno nacional vulneran derechos consagrados en la Constitución Nacional, como son los recursos coparticipables”.

Inconsulto y unilateral

De la cumbre justicialista que se desarrolló hoy en la sede del Consejo Federal de Inversiones, en la ciudad de Buenos Aires, surgió un documento que cuestiona el paquete económico que lanzó Macri. Asegura que fue realizado “en forma inconsulta, unilateral”, y que provoca un despojo de los recursos de las provincias, colocándolas en “una grave situación de desfinanciamiento”. Plantean así que “no podemos permitir que se apropien de los recursos provinciales, por parte del Estado Nacional, solo por el justificativo de intentar atemperar las consecuencias perjudiciales, precisamente de sus propias y malas políticas económicas y financieras, de las cuales los Estados provinciales no tenemos ninguna responsabilidad”.

Al exponer que “es a todas luces tan arbitraria y perjudicial, esta acción del Estado nacional, que al privarnos de los ingresos que por la ley en vigencia nos corresponden, nos pone al borde de una grave crisis”, los firmantes exigen que “se instrumenten las compensaciones financieras correspondientes para poder cumplir con el normal funcionamiento y la salvaguarda en la prestación de los servicios de seguridad, salud, educación y justicia”. Asimismo, aseguraron que permanecerán “abiertos al diálogo franco y responsable, dejando sentado que, de no ser así, nos veremos en la necesidad de buscar amparo judicial a nuestros derechos”.

Cabe mencionar que firmaron los Gobernadores de La Rioja, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, Catamarca, Río Negro, San Luis, Formosa, La Pampa, Neuquén, Entre Ríos, Chubut, Misiones, Santa Fe, San Juan, Salta, Chaco, el vicegobernador de Santa Cruz y el ministro de Economía de Córdoba.

El documento completo

Ante los anuncios realizados por el Gobierno Nacional, después de las PASO, y en medio de un clima electoral, nos vemos en la obligación de expresar lo siguiente:

1) En primer lugar, dejamos bien en claro, que no estamos en contra de ninguna medida de gobierno que tenga objetivo paliar a la grave situación económica que atraviesan la mayoría de los sectores de nuestra sociedad, empezando por los trabajadores que vienen perdiendo el poder adquisitivo de sus ingresos… pero, las medidas que se han dado a conocer, realizadas en forma inconsulta, unilateral y sin tener en cuenta de dónde saldrán los recursos para afrontar las mismas, nos hace compartir esos costos fiscales al no disponerse con ellas las compensaciones necesarias a las provincias argentinas, generando un despojo de nuestros recursos y colocándonos en una grave situación de desfinanciamiento.

En este estado de cosas, si bien nos parece positivo, que el gobierno nacional decida aplicar paliativos para algunos sectores, lo que no puede hacer, es disponer inconstitucionalmente de recursos que son de las provincias, tanto por el presupuesto en ejecución, como por el pacto fiscal, en el que casualmente acordamos esfuerzos y renunciamientos para garantizar una previsibilidad, que hoy en forma arbitraria se está vulnerando.

2) Estamos en grave peligro de no poder afrontar nuestros gastos corrientes, el cumplimiento de las obligaciones salariales, la prestación de servicios esenciales y la preservación de la Paz Social en cada uno de los estados que representamos. Y ante todo eso, no podemos permitir, que se apropien de los recursos provinciales, por parte del Estado Nacional, solo por el justificativo de intentar atemperar las consecuencias perjudiciales, precisamente de sus propias y malas políticas económicas y financieras, de las cuales los estados provinciales no tenemos ninguna responsabilidad… por el contrario, hemos sido eficientes a la hora de cumplir con cada una de nuestras obligaciones y compromisos firmados.

3) Es a todas luces tan arbitraria y perjudicial, esta acción del estado nacional, que al privarnos de los ingresos que por la ley en vigencia que nos corresponden, nos pone al borde de una grave crisis, que puede empujar incluso a la toma de medidas de carácter excepcional o de emergencia, algo que sumaría más perjuicios a nuestro país, en medio de este complejo momento que estamos viviendo.

4) Expresamos enérgicamente, que vamos a defender los intereses de nuestros representados, si es que esta actitud errática y flagelante hacia nuestros derechos no se revierte. Por lo tanto, exigimos, se instrumenten las compensaciones financieras correspondientes para poder cumplir con el normal funcionamiento y la salvaguarda en la prestación de los servicios de seguridad, salud, educación y justicia que están a nuestro cargo.

Quedamos, como lo hemos demostrado siempre, abiertos al diálogo franco y responsable, dejando sentado que, de no ser así, nos veremos en la necesidad de buscar amparo judicial a nuestros derechos, ante un daño irreparable que no admite dilaciones, teniendo en cuenta el contexto actual.



Te puede Interesar