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24/10/20

Imputan por usurpación de tierras a los mapuches y ordenan el desalojo

Se trata de un predio perteneciente al Obispado de San Isidro. Si no se logra una salida pacífica, usarán la fuerza pública.



El Ministerio Público Fiscal de Río Negro imputó a cuatro mujeres integrantes de la Comunidad Lof Lafken Winkul Mapu por la usurpación de un predio perteneciente al Obispado de San Isidro, en Villa Mascardi. El juez de Garantías Juan Martín Arroyo rechazó el pedido de rebeldía y captura de la querella para varias personas que no se presentaron a la audiencia virtual y dio lugar a la investigación por cuatro meses. Además autorizó la restitución del predio, sin plazos legales, apelando al diálogo tal como plantearon los acusadores y en función de un protocolo propuesto por la Procuración General. Si no se logra una salida pacífica, habrá desalojo por la fuerza.

Betiana Colhuan, Yéssica Bonnefoi, Johana Colhuan, María Nahuel, Luciana Jaramillo, Romina Rosas, Cristian Colhuan, Maira Tapia, Juan Pablo Colhuan, Gonzalo Coña, según la acusación, son los responsables de haber invadido y desplegado diversos actos en el predio ubicado en Villa Mascardi y que pertenece -según escritura pública del año 1983- al Obispado de San Isidro, que se lo había comprado a la Administración de Parques Nacionales. Pese a ello, la formulación de cargos prosperó únicamente contra María Nahuel, Johana Colhuan, Betiana Colhuan y Yéssica Bonnefoi, porque el resto de los nombrados no fueron debidamente notificados de la realización de la audiencia y no se presentaron a la misma.

Según describió la fiscalía, el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI) dijo que “no tenía ningún relevamiento sobre la comunidad por presuntos hechos de violencia”. Desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) también ratificaron que no pudieron concretar el relevamiento y expresaron la irregularidad de la Lof. Tampoco hubo tramitación de terreno recuperado. “Así, no hay posibilidad de avanzar en ninguna salida alternativa”, apuntó Cendón que además reveló que la fiscal federal Silvia Little remitió “el dictamen por el cual ella solicitó la indagatoria a las personas que logró identificar como integrantes de la comunidad”. Las mismas que Cendón imputó, reclamando un plazo de 4 meses de investigación y medidas cautelares.

 

Fuente: TN