Dictadura legalizada
¿Pretende Milei gobernar la Argentina con la suma del poder público? La oposición, embanderada ahora en Unión por la Patria responde que sí porque "avasalla atribuciones del Congreso y vulnera la división de poderes y el funcionamiento de la República"; lo dice el radicalismo con un proyecto similar para evitar la inconstitucionalidad, más buena parte de Juntos por el Cambio; lo dicen constitucionalistas y hasta lo dice el propio Milei en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por la amplitud de temáticas y el avance sobre asuntos no habilitados por la Constitución.
Lo ratifica el libertario, quien con total desparpajo y haciendo gala de un autoritarismo inusual en gobiernos democráticos, pidió la suma del poder público en los fundamentos del primer proyecto de ley que presentó al Congreso. Lo agrega explícitamente en el primer artículo de la ley Omnibus solicitando le deleguen funciones legislativas “en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social” por dos años con dos de prórroga, es decir todo el mandato.
El proyecto abarca leyes de todas las actividades económicas, sociales y culturales por lo que el Congreso de la Nación, si lo aprueba en bloque, sin debate, sin consensos, sin oportunidad de defensa para los más perjudicados o vulnerables, estaría a la vez cediendo enormes beneficios a sectores concentrados de la economía nacional e internacional.
Como dijo una lectora de Medios El Independiente a través de redes sociales, es lamentable que suceda a 40 años de la recuperación de la democracia. No es la mejor manera de celebrar este magno acontecimiento que dejó atrás épocas de autoritarismo, persecución y modelos económicos que se reiteran ahora con un gobierno elegido en un proceso democrático.
Irónico fue que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem celebrara la llegada de la ley Omnibus en nombre de la libertad de los argentinos, evitó mencionar que coarta la libertad de los legisladores. Rara concepción de libertad, prohibiendo la palabra, la protesta, la petición, hasta la opción de elegir, solo para imponer un modelo económico.
Consenso y participación
Es justo reconocer que se trata de un gobierno que surgió de elecciones democráticas que quiere cumplir sus propuestas electorales, pero la democracia distribuye roles a otros sectores políticos con representación parlamentaria. Lo deja claro la senadora riojana, Florencia López “La Rioja nos eligió para defenderla. Vamos a cumplir con el mandato que nos dio la gente. Así como a Milei lo eligieron presidente; quien les habla, Fernando Rejal y Ricardo Quintela como gobernador fuimos elegidos para defender a nuestra Provincia” del DNU y la ley Omnibus. En el mundo, todo gobierno democrático encara con diálogo, consensos y alianzas, la aprobación de ministros como en España; leyes en EEUU o se quedan sin reformas laborales como en Francia o sin presupuestos como en la Argentina de 2011 cuando el “macrismo” no lo aprobó.
¿Quién gobierna?
Las iniciativas libertarias tampoco cumplen las formas y son tan abarcativas que los de LLA no las conocen. El diputado nacional y jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, Oscar Zago, admitió que sólo leyó un pequeño fragmento de las 351 páginas de la ley Omnibus. Al dramaturgo Mariano Stolkiner, le ofrecieron el cargo de director del Instituto Nacional del Teatro (INT) y se enteró por los medios que la ley Omnibus elimina al organismo.
Estas y muchas otras situaciones no hacen más que ratificar que el PRO y parte de Juntos por el Cambio están detrás de los proyectos junto con grandes corporaciones nacionales y transnacionales, interesadas en las riquezas naturales del país.
Apoyo social
También tiene el apoyo del 56 por ciento de los ciudadanos que los votaron, electorado que demanda cambios políticos, sociales y sobre todo económicos que están de acuerdo en la apertura de la economía aunque signifique más importaciones y menos industrias locales; con una reforma laboral que elimina derechos de históricas luchas gremiales y considera a los trabajadores partícipes de la riqueza que generan; están de acuerdo con una reforma jubilatoria aunque signifique menos personas con derecho a un beneficio negado por patronales que no hicieron aportes; combatir la inseguridad aunque traiga consigo el libre uso de armas o excesos policiales; con reducir el gasto público dejando cesantes empleados que en realidad no le hacen mella al gasto, tampoco el gasto político que es mínimo.
El déficit fiscal que se pretende eliminar no viene ni de la política ni de los empleados del Estado sino de todos los argentinos que se benefician con subsidios a la energía, gas y agua que a su vez generan trabajo; del sistema jubilatorio para que miles de argentinos no queden desamparados cuando ya no pueden trabajar, de sistemas de salud y educación gratuita que tanto defienden los argentinos y sobre todo de deudas de gobiernos liberales que terminan pagando todos. Milei no puede ajustar a “la casta” porque con eso no le alcanza y debe ajustar a los trabajadores, a la clase media y a los vulnerables.
Decretazo para borrar leyes
Las reformas son tan abarcativas que solo el DNU deroga 600 leyes y la ley Omnibus tiene 664 artículos modificando una cantidad enorme de leyes que todavía no se han contabilizado porque una lleva a otra y así sucesivamente. Como dice el diputado nacional riojano, Ricardo Herrera, Milei pretende "con un decretazo borrar la legislación Argentina".
Si bien las modificaciones tienen alcance nacional, algunas como educación por ejemplo, dependerán de acuerdos en el Consejo Federal y que las provincias reformen sus propias leyes para incluir los exámenes al final del secundario, evaluación a docentes cada cinco años o que a los 9 años!!!!!, los alumnos opten, por seguir estudiando online (Capítulo II, Sección I, artículo 9).
Las reformas más conocidas son las que reducen derechos laborales por las movilizaciones de trabajadores, pero los efectos impactan en todos los sectores de la economía. Dos de los muchos colectivos profesionales afectados han denunciado inconstitucionalidad. Los abogados porque pasan a sede administrativa divorcios y sucesiones notariales para reducir gastos al Estado y a los herederos. También los farmacéuticos excluidos como garantes técnicos de una farmacia y porque los medicamentos se venderán en quioscos.
Sin minorías
Milei o quienes cogobiernan con él, han ido más allá y proponen un cambio electoral radical, incluida la representación política. Entre las perjudicadas, La Rioja que, de cinco legisladores solo tendría dos. Se elegirían por simple mayoría por el régimen uninominal que remplazará al proporcional o D´Hont vigente que garantiza bancas para las minorías. De aprobarse solo habrá diputados por las mayorías. Busca eliminar listas sábanas para limitar el poder de gobernadores. Su aprobación está en duda porque la Constitución dice que La Rioja es distrito único y no se puede dividir en dos.
Privilegiados con vacaciones
El marco de inconstitucionalidad de las reformas libertarias, las hacen muy cercanas a la forma de gobierno de las dictaduras que usaban los “decreto ley” por haber eliminado al Congreso. Hoy está en pleno funcionamiento y aunque sectores de la oposición se niegan a aprobar “delegaciones plenipotenciarias”, o consolidar un “golpe de Estado”, lo cierto es que el gobierno asegura tener los votos necesarios.
Este jueves, el gobernador Quintela presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción declarativa de certeza en la que se reclama la inconstitucionalidad del decreto por perjuicios irreparables a la ciudadanía a la vez pidió una medida cautelar que disponga la suspensión y ordene al Poder Ejecutivo de la Nación a no aplicar ninguna de sus disposiciones hasta la resolución definitiva de la causa.
No tardó ni un día, la Corte en responder. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti argumentaron que salen de vacaciones (feria judicial) y postergan la decisión para el regreso. Si algún dirigente del peronismo, o cualquier legislador o gobernador hiciera o hubiera hecho lo mismo sería acusado y condenado por no tener en cuenta la grave crisis institucional, política, social y económica que vive el país.
Fuente: Télam
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