El secretario de Derechos Humanos, Délfor Brizuela manifestó su preocupación por la aprobación del Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad frente a las protestas sociales, anunciado por la Ministro de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich..

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Para el funcionario el anuncio de que las fuerzas de seguridad tendrán
como mandato “intervenir y disolver la manifestación”, tras la primera
advertencia de que “depongan el corte bajo apercibimiento de proceder
conforme a lo establecido para los casos de delitos cometidos en
flagrancia”, según se expresa en el propio texto del protocolo, “no
significa otra cosa que criminalizar la protesta social, y establecer
de antemano que, sin importar la naturaleza del reclamo y el consenso
que ese reclamo tenga en la sociedad, el gobierno irá al choque con
los manifestantes, quienes, además, serán enteramente responsables de
las consecuencias”.

Por otra parte, el secretario hizo hincapié en la necesidad del
gobierno de establecer este tipo de protocolo, como correlato de las
medidas que está tomando en relación con el empleo: “es decir que el
gobierno –graficó Brizuela-- por un lado hecha a los trabajadores y
reduce a la mínima expresión el poder adquisitivo del salario de
aquellos que se salvan de los despidos, mientras que por el otro,
previendo el comportamiento lógico que es la justa protesta social,
amparada por la Constitución, los espera con hombres armados listos
para reprimir y, al mismo tiempo, con la colaboración de los medios
hegemónicos, invisibilizar cualquier manifestación popular”.

Para Brizuela, “no hay duda que este protocolo está en el marco de la
previsión de la respuesta de los trabajadores frente a las medidas que
el propio gobierno está tomando; de manera que Bullrich está abriendo
el paraguas antes que llueva, pero su paraguas está llenos de agujeros
de autoritarismo y de incapacidad para juzgar una situación política
que podría derivar en escaladas de violencia que sería mucho más
complicadas y obteniendo el resultado inverso al esperado por estas
normas de comportamiento de las fuerzas de seguridad”.

Finalmente, Brizuela felicitó a las autoridades del gobierno de la
provincia por no haber adherido a este protocolo que “como expresa el
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pone al orden público por
encima de todo y valora a la circulación por sobre la integridad de
las personas y los derechos a la protesta social y a la libertad”
remató el funcionario.

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