La pelea entre Macri y Lifschitz detrás del agua
El Gobernador no quiere declarar la emergencia hídrica provincial para no dejar de percibir el impuesto rural, pero el socialismo pide asistencia financiera inmediata..
En un contexto desesperante con más de 70 localidades afectadas, 600 evacuados y pérdidas multimillonarias en las zonas rurales, las discrepancias entre el Estado Nacional y el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz recrudecen y se retrasa la puesta en marcha de un plan para brindar soluciones a una provincia que recibió el castigo del agua en el último mes.
El mandatario provincial, quien ayer mantuvo encuentros con el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, y se reunió con representantes del ministerio del Interior, no está dispuesto a declarar la emergencia hídrica provincial. ¿El motivo? Al hacerlo, Santa Fe dejará de cobrar el impuesto rural, un arancel que representan para las arcas provinciales unos $ 3000 millones anuales, por lo que la medida sólo quedará efectiva si el Estado se compromete a cubrir ese bache fiscal.
Desde la cartera que dirige Rogelio Frigerio advirtieron que el pedido no será posible en un año donde se buscará ser cauto en materia fiscal. Sin embargo, existen diferencias entre las partes acerca de los motivos que llevaron a la provincia a sufrir una nueva inundación.
Ayer, los ministros de Santa Fe exigieron ayuda inmediata de parte del Estado para apalear la situación y respondieron a las críticas del Gobierno al asegurar que en 2017 se pondrán “como nunca en marcha obras hídricas”. Pese a esto, desde la Casa Rosada apuntan a la falta de planificación en infraestructura de una provincia gobernada por el socialismo hace casi una década.
Tras la llegada de Macri al poder, el ministerio del Interior creó tres comités de cuencas en conjunto con los gobernadores cuya tarea consiste en diseñar y planificar este tipo de obras. Santa Fe es una de las provincias que menos proyectos presentó en 2016.
Firme en su decisión, Lifschitz reclamó a la Nación una ayuda extraordinaria en base a las estimaciones de pérdidas. Entienden que se perdieron 764 millones de dólares en el campo y 3.000 millones si se suman las pérdidas desde la anterior crisis hídrica. Números que por ahora el Gobierno no está dispuesto a ceder.