Primera denuncia ante la CIDH por el fallo de la Corte
Una ex enfermera del Hospital Posadas que fue víctima del represor beneficiado por el fallo de la Corte Suprema demandó ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) al Estado argentino. Asegura que no debe aplicarse el beneficio de reducción de penas en delitos de lesa humanidad y pide que un amparo suspenda la aplicación del fallo para todos los represores que podrían quedar libres..
El fallo que beneficia con la reducción de condenas (2×1) a represores ya tiene su primera consecuencia internacional. El Estado argentino fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por una de las víctimas del represor favorecido por la Corte Suprema en su sentencia.
La denuncia solicita que, ante las “implicancias irreparables del fallo y los derechos esenciales de víctimas de crímenes de lesa humanidad que su aplicación afectan”, la CIDH dicte una medida cautelar para que el Estado Argentino se abstenga de aplicar el 2×1 en juicios por delitos de lesa humanidad. También le solicita a la CIDH que ponga el tema en la agenda de la próxima visita a Argentina entre el 22 y el 26 de mayo.
La medida cautelar la solicitó la querella de la causa. La presentó Gladys Evarista Cuervo, una de las víctimas del represor Luis Muiña. La patrocinan los abogados Flavia Fernández Brozzi y Rodolfo Yanzón.
Los motivos son claros: para los denunciantes, el fallo de la Corte Suprema que otorgó el beneficio del 2×1 al represor Muiña (y que puede beneficiar al menos a 275 civiles y militares condenados por delitos de lesa humanidad) “violó la protección judicial” que establece el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y generó una “virtual conmutacion de pena”.
La denuncia ante la CIDH plantea que este fallo de la Corte “es incompatible con las obligaciones internacionales del Estado Argentino en materia de persecución y sanción de graves violaciones a los Derechos Humanos y de crímenes de lesa humanidad”.
“Este fallo ha comenzado a generar una catarata de presentaciones que implicará una gravísima afectación al proceso de Memoria, Verdad y Justicia iniciado en la Argentina”, sostiene la denuncia. El mismo texto señala que esta decisión de la Corte tiene “un alcance de consecuencias impredecibles y que generó un masivo repudio en toda la sociedad argentina”.