Fallo judicial probó falta de respuesta habitacional a víctimas de violencia machista
Al conceder un amparo a una sobreviviente de violencia, madre de dos niños y en situación de vulnerabilidad, la Justicia porteña alertó sobre la ausencia de políticas habitacionales para ciudadanas en esa situación. De las mujeres que piden asistencia en la Defensa Pública por problemas habitacionales, más de la cuarta parte son víctimas de violencia..
La Justicia porteña alertó sobre un tema clave: puso en evidencia la ausencia de políticas habitacionales para víctimas de violencia de género, una situación que pone en grave riesgo a mujeres de sectores vulnerables.
Un fallo de la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 6 de la Ciudad de Buenos Aires, Patricia López Vergara, ordenó al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta otorgarle una solución concreta de alojamiento definitivo, en resguardo de su derecho a la vivienda, a una mujer sobreviviente de violencia machista que vive con sus dos hijos y con su madre. Las dos mujeres están desempleadas y el único ingreso familiar es un subsidio de 1600 pesos en concepto de asignación universal por hijo. Además, se encuentran en inminente situación de calle. La decisión judicial respondió así a un pedido de amparo.
“El fallo tiene varios aciertos”, destacó la abogada Raquel Asensio, coordinadora de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación, al analizar la sentencia. “Si bien el derecho a la vivienda digna corresponde a todos los ciudadanos, la falta de ese acceso tiene un impacto diferencial en distintos colectivos y grupos. Para una mujer que está en situación de violencia la falta de una vivienda, condiciona directamente la posibilidad de presentar una denuncia y salir de esa relación. En términos jurídicos se llama discriminación por resultados. ¿Qué significa? Las mismas deficiencias de la política para acceder a la vivienda, en la práctica no significan lo mismo para todas las personas”, apuntó Asensio. Además, indicó, la resolución judicial acompaña los compromisos internacionales que obligan al Estado a garantizar políticas públicas para que las mujeres puedan salir de situaciones de violencia: uno de los principales obstáculos que enfrentan son las condiciones socioeconómicas y en ese marco, el hecho de tener a cargo, exclusivamente, las tareas de cuidado de sus hijos.