
En la cartera de Defensa confirmaron 70 despidos. Como parte del ajuste, decidieron desarmar el equipo encargado de registrar y sistematizar los archivos de la dictadura que se convirtieron en prueba de las causas de lesa humanidad..
El área fue creada en 2010 con el objetivo de documentar, clasificar y sistematizar todos los archivos de las fuerzas militares de la última dictadura, que se convirtieron en la prueba del actuar represivo y clandestino del terrorismo de Estado. El primer paso fue relevar la información de miles de documentos para responder a los requerimientos de la Justicia por las causas de lesa humanidad. Luego en 2011, el grupo de trabajo debió expandirse por la magnitud de la tarea. Se incorporó personal técnico archivista, investigadores y conservadores para garantizar que toda la información quede registrada.
De los archivos surgieron nuevas denuncias, informes que fueron entregados a las diferentes fiscalías. La sentencia de la megacausa ESMA está basada en estos documentos, por ejemplo. En 2015, los organismos de derechos humanos recibieron un inventario con todo lo registrado hasta el momento para dejar constancia de la existencia de dicha información.
Según trabajadores cercanos al área, que prefirieron no dar su nombre, el equipo ya había comenzado a desarticularse a partir de la gestión de Aguad con el paso de varios trabajadores, especialistas en técnicas de archivo y conservación, a otras áreas administrativas. La tanda de despidos confirmada ahora, deja fuera del equipo a diez trabajadores más, por lo que . Una misión imposible de abordar por la magnitud y complejidad de la tarea.
Los equipos de investigadores y técnicos tenían, además, una función doble. Se encargaban de clasificar, sistematizar y registrar los documentos a la vez que garantizaban que esos papeles siguieran allí. ¿Quién va a garantizar ahora la existencia de lo registrado y lo que falta por sistematizar? ¿Quién controlará que los archivos sigan allí? Frente a estas preocupaciones los organismos de derechos humanos solicitarán una audiencia con el ministro Aguad, apodado “El Milico” y de reconocida cercanía con el genocida Luciano Benjamín Menéndez.