
Organizaciones ambientalistas, investigadores científicos y vecinos denuncian que el gobernador Juan Schiaretti abre una autovía en Punilla con el fin de generar un negocio inmobiliario..
El 11 de mayo está convocada la audiencia pública que obligatoriamente debe realizar el gobierno ante este tipo de proyectos. Luego de varios reclamos, se conoció el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) donde se propone la construcción de una carretera en zona boscosa entre San Roque y Cosquín, de 14.300 metros de extensión en sentido sur-norte, con una afectación de 143 hectáreas. La inversión será de más de tres mil millones de pesos, frente a otras alternativas mencionadas en el estudio, de menor impacto ambiental y que suponen un menor costo económico (ensanchar la vía actual, aprovechar caminos rurales existentes, entre otras). La intención de esta autovía, dice el gobierno, es ofrecer una alternativa a las rutas E55 y RN38 que se ven colapsadas en verano. Barri destaca que “la Provincia dejó que distintas construcciones se comieran la ruta ya existente, además de no promover otro tipo de movilidad, y fomentar más y más automóviles por las sierras”. Pero sostiene que “de querer ampliar la conectividad, tiene alternativas mencionadas en el propio estudio que prácticamente no tienen impacto en el movimiento de suelo”. “Se han encaprichado con esto, y uno cree que es porque tienen otros intereses para esa zona”, que corre a unos dos kilómetros en paralelo hacia el este de los poblados de Bialet Massé, Santa María y Cosquín.
En materia legal, la propuesta de la autovía es violatoria de la Ley Nacional de Bosques, y la categorización para protegerlos realizada por la propia provincia. Desde el Foro Ambiental Córdoba denuncian que el proyecto “no pondera el bosque nativo en categoría rojo”, debido a que “10.930 de los 14.300 metros, 76 por ciento del trazado, atraviesan un área de la máxima categoría de conservación”. Desde esta ONG agregan que el EIA “pondera como positivo que la autovía haga de barrera a la expansión inmobiliaria hacia el este, cuando no existe ninguna garantía que eso suceda, y al contrario, lo que hará precisamente es incrementar el número de focos de incendios en bosques nativos ubicados ahora en sitios poco accesibles, y favorecerá la antropización de ese entorno natural”.
En la misma línea, Barri remarca que “ese monte que se afectará guarda el agua para el resto del año, hace un efecto esponja allí donde están los bosques mejor conservados de esas micro-cuencas que abastecen los arroyos y ríos que derivan en el lago San Roque, y proveen agua a la región norte de Punilla”. Ante recurrentes problemáticas que padece la provincia vinculadas directamente con la eliminación de ecosistemas originarios, este biólogo prende alarmas. “La problemática de falta de agua en época de sequía y de inundaciones en época de lluvias se incrementan con este tipo de proyectos, además de que el movimiento de suelo en esa zona va a hacer que los sedimentos se laven con lluvia y aumenten las derivas al ya castigado lago San Roque, que provee de agua a 4 millones de personas”.
El otro punto que ha despertado preocupación es la presencia de un yacimiento de uranio por debajo del trazado anunciado. “Es el más grande de la provincia, y el trabajo ahí expone al riesgo de liberación de gas radón, cuyo impacto es la segunda causa de cáncer de pulmón a nivel global”, apunta Barri. Mientras que en el EIA se asegura que se abordará la cuestión con técnicos especializados a medida que avance la obra, desde el Foro Ambiental, Federico Kopta contrapone: “El mapa de emisiones radiactivas debería conocerse de antemano, ser parte del EIA, y no ir viendo sobre la marcha”. Asimismo, alerta que a partir de los estudios presentados, queda a la vista que la vía “pisa varias veces afloramientos del yacimiento”.