
La empresa firmó la reincorporación a partir del lunes de los 164 despedidos que no habían aceptado el retiro voluntario. Ahora los trabajadores buscan poner en marcha el yacimiento para comenzar a generar energía..
Luego de cuatro meses de conflicto, los trabajadores de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) consiguieron lo que hasta hace días parecía imposible: la reincorporación de los despedidos que no habían aceptado los retiros (in)voluntarios. En una reunión laudada en el Ministerio de Trabajo, la empresa aceptó y firmó la reincorporación de 164 trabajadores a partir del próximo lunes. El esquema de achique planteado por Cambiemos había incluido una primera tanda de 500 despidos, de los cuales 336 aceptaron los retiros. Tanto el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, como el interventor de la empresa, Omar Zeidán –quien responde al senador Eduardo Costa– habían insistido con que no habría reincorporaciones y que el objetivo del Poder Ejecutivo era desprenderse de un total de 1500 trabajadores. Sin embargo, a partir del sostenimiento de las medidas de fuerza más una serie de fallos judiciales adversos que declararon ilegales los despidos, los trabajadores permitieron torcerle el brazo al Gobierno, al menos momentáneamente.
“La lucha continúa. La solución de fondo sigue siendo la puesta en marcha del yacimiento y comenzar a generar energía. El camino para YCRT no debe ser la desocupación y hambre de sus pueblos como ocurrió en los 90 y eso se lo dijimos al interventor Zeidan y a su jefe político, el senador Costa. No es poca cosa lo que logramos, y la reincorporación significa que veníamos convencidos y diciendo la verdad”, sostuvo Daniel Castellón, delegado paritario echado y reincorporado anteayer.
El problema de fondo no está solucionado. La empresa tuvo que ceder ante su política de despidos porque solicitó un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) que, obviamente, fue aceptado por el Gobierno. Es decir, ahora se vendrá una segunda instancia en la lucha de los trabajadores para no perder derechos laborales, en un contexto general donde también comenzará a discutirse la flexibilización enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso.
“El preventivo de crisis es otra discusión porque el gobierno de Macri en lugar de utilizar el Estado para favorecer a los trabajadores lo utiliza para quitar derechos. Este Gobierno impone ideas sin capacidad de diálogo o de discusión”, advirtió Castellón.
Como el Gobierno continúa con su estrategia de avanzar con el PPC, los obreros también avanzarán con su propuesta para sacar adelante a la empresa, es decir, insistir ante las autoridades nacionales para que se ponga en funcionamiento la usina térmica capaz de generar 240 MW con la quema del carbón de la mina. La propuesta consiste en poner en funcionamiento el primer módulo de 120 MW de la usina y vender carbón a Chile a partir de un negocio ya cerrado por el Gobierno nacional. De esta manera, la empresa podría generar 2196 millones de pesos en un año (468 millones de pesos por la venta de carbón y otros 1728 millones por la venta de energía), según el análisis realizado por la mesa intersindical. El déficit presentado por el Gobierno en el Presupuesto 2018 sería de 1353 millones de pesos.