Sólo el 21% de los detenidos en Argentina recibe capacitación laboral
Ocurre pese a que la mayoría de los presos no tiene oficio ni estudio. Esa situación favorece la reincidencia. Desde los servicios penitenciarios reconocen la necesidad de ampliar la oferta de cursos y aclaran que el 40% de los internos trabaja en prisión y eso ayuda a su formación..
“Este panorama explica en parte que el 40% de quienes están presos son reincidentes”, afirma Marcelo Bergman, director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Y agrega: “Tener un oficio y conseguir trabajo es uno de los principales factores para lograr la reinserción social”.
Para graficar el impacto que tiene la capacitación en los presos, Ariel Cejas Meliare, director General de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, cita uno de los pocos estudios que hay sobre cómo la formación ayuda a bajar la reincidencia: “Entre los presos que pasaron por el centro universitario que la Universidad de Buenos Aires (UBA) tiene en la cárcel de Devoto, la reincidencia baja al 15%”.
Los especialistas coinciden en que ocupar la mente de los detenidos con capacitaciones también ayuda a pacificar la convivencia. “Un preso que estudia tiene la mente ocupada, puede escapar de la depresión al aumentar sus expectativas a futuro, mejora el vínculo con su familia y está menos predispuesto a ser violento”, enumera el psicólogo social Roberto Cipriano, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria.
En el país hay unos 76.000 presos. Son un 40% más que hace una década y en gran medida eso explica por qué la capacidad de las cárceles argentinas está superada en un 12% en promedio y en un 38% en la provincia de Buenos Aires, que concentra casi la mitad de los internos del país.
“La superpoblación diluye la oferta de capacitaciones laborales que existe. Por una cuestión de cupos y también de infraestructura. Las cárceles federales, por ejemplo, pasaron de albergar 6.500 personas hace 15 años a tener 12.000”, expone Cejas Meliare.
La falta de incentivos para capacitarse es otro aspecto puede explicar el bajo porcentaje de internos que se capacita, según afirman algunos especialistas.
“La reforma de ley de Ejecución de la Pena, aprobada en 2017, modifica el paradigma de la cárcel, que permite salidas progresivas y anticipadas para favorecer la reinserción. Ahora, muchos de los detenidos deben cumplir toda la condena en prisión. Es decir no pueden acceder a salidas asistidas, algo a lo que podían llegar si entre otras aspectos participaban de actividades formativas”, resalta Cipriano.
La reforma a la ley fue reclamada por asociaciones de familiares de víctimas de delitos y dejó afuera del beneficio de las excarcelaciones a los autores de delitos graves, como homicidio agravado; delitos contra la integridad sexual; secuestro extorsivo seguido de muerte; tortura seguida de muerte; robo con armas o en despoblado y en banda; trata de personas; violaciones a la ley antiterrorista; financiamiento del terrorismo; contrabando agravado, y producción y comercialización de estupefacientes.