Más de cien argentinos blanquearon $3.100 millones que tenían en firmas offshore
Fue luego de quedar expuestos a partir de las revelaciones de los Panama Papers. Incluyen propiedades, cuentas bancarias y acciones..
De los intercambios analizados por el equipo de ICIJ, se reitera la decisión de blanquear casas y departamento en Uruguay o Miami, Estados Unidos, aunque en muchos casos con valores inferiores a las cotizaciones del mercado.
Punta del Este aparece como el balneario más elegido por los argentinos para comprarse una casa de veraneo que no figure a su nombre, si no al de una offshore con un nombre de fantasía.
En total, a través de las sociedades abiertas por Mossack Fonseca, se declararon 39 propiedades por un valor total de casi U$S 24 millones.
En tanto, el dinero en cuentas bancarias a nombre de estas sociedades reconocido ante la AFIP asciende a U$S 36,7 millones. Permanecían fuera de la mirada del fisco en bancos de Suiza, Panamá, Estados Unidos, Uruguay y Emiratos Árabes.
En el proceso de "exteriorización de activos", los clientes argentinos de Mossack Fonseca también admitieron ser dueños de acciones en una treintena de empresas por un valor total de U$S 33,4 millones. La mitad de las firmas en las que invirtieron su dinero están en Uruguay, mientras que el resto se reparte entre Estados Unidos, México, Bahamas y, en un único caso, Argentina.
Los montos sincerados van de U$S 10.000 -el capital inicial para constituir una offshore- hasta U$S 15 millones, en el otro extremo. El 37% de los clientes argentinos de Mossack Fonseca blanqueó menos de U$S 500.000, en tanto un 25% exteriorizó entre U$S 500.000 y U$S 1 millón, y un 31% entre este cifra y U$S 9 millones.
Aquellos que adhirieron al régimen de sinceramiento fiscal no debieron pagar nada en concepto de multa si los activos sumados -incluidos los inmuebles- no superaron los $305.000. Hasta un valor total de U$S 800.000, la penalidad fue el 5%, y por encima de ese monto, el 10% o el 15%, dependiendo de la fecha de adhesión.
Documentos antedatados
Entre las condiciones para ingresar al sinceramiento fiscal –que se extendió desde el 1º de agosto de 2016 hasta el 31 de marzo del año siguiente- estaba entregar documentación que reflejara los bienes a blanquear hasta el 22 de julio de 2016, "la fecha de corte" para que los contribuyentes declararan su patrimonio ante la AFIP.
Esto significaba un escollo para muchos clientes argentinos del estudio panameño ya que sus empresas tenían acciones al portador y no aparecían como dueños de ellas. La nueva legislación panameña obligaba a nominatizar las acciones con fecha tope 31 de diciembre de 2015, pero muchos no habían regularizado esa situación para evitar tener que informar los nombres de los beneficiarios finales. Esto motivó decenas de consultas, a partir del segundo semestre de 2016, sobre la posibilidad de emitir nuevos certificados con acciones nominativas, pero con fecha anterior al 22 de julio de ese año, para poder sincerar las sociedades en el blanqueo. Así lo refleja el mail a continuación, con fecha 7 de noviembre de 2016:
Pese a ser ilegal, el bufete panameño accedió en muchos casos al pedido -según se desprende de los intercambios revisados por ICIJ-, con un cargo extra por la emisión de actas de las sociedades y certificados accionarios antedatados.
Tasaciones inferiores al valor real
En los documentos se repite un formulario que oficiaba de declaración jurada para detallar los bienes que hasta entonces no habían sido informados a la AFIP, que incluía la siguiente frase: "La presente certificación se extiende a los efectos de ser presentada ante quien corresponda bajo el Régimen de Sinceramiento Fiscal sancionado en Argentina por la ley 27.260 y sus reglamentaciones".
Sin embargo, el valor de los bienes informados no siempre era el real. En varios casos, los inmuebles se declaraban por valores inferiores a los de adquisición, o a los de mercado. Por ejemplo, una firma panameña declaró ante la AFIP ser dueña de un "campo con mejoras" en Punta del Este por U$S 571.000. Pero en la escritura de compra-venta de esa propiedad a la que accedió ICIJ, el campo costó, en realidad, U$S 975.000, casi el doble.