Abren nueva causa para analizar donaciones a la campaña de Cambiemos
Una buena parte de la investigación sobre aportantes truchos a las últimas dos campañas electorales de Cambiemos se instala finalmente en los tribunales de La Plata. El juez federal Ernesto Kreplak abrió ayer una nueva causa para analizar las donaciones para la elección presidencial de 2015 en territorio bonaerense; en otro expediente ya tenía con anterioridad bajo la lupa los aportes a la campaña legislativa de 2017..
En ambos casos se analizan posibles delitos como asociación ilícita, violación de secretos, falsificación de documentos y lavado de dinero. Las denuncias apuntan a la gobernadora María Eugenia Vidal, como responsable partidaria. Otro aspecto de lo que a esta altura parece una gran maniobra para ocultar el origen del dinero para las campañas es la posible violación a la ley de financiamiento de los partidos políticos, cuyo estudio quedará a cargo de otro juzgado, con competencia electoral, que subroga Adolfo Ziulu. Hoy a primera hora el fiscal federal Jorge Di Lello le enviará el resultado de una pesquisa preliminar, que abrió de oficio apenas el periodista Juan Amorín reveló en El Destape los primeros 205 casos de aportantes fantasma (hoy son más de mil los detectados) del año pasado para las listas que encabezaban Graciela Ocaña y Esteban Bullrich. Le dirá al juez –aunque sin sacar conclusiones– que el material recolectado obliga a investigar presuntas irregularidades. En Comodoro Py sólo quedará una causa, a cargo de Sebastián Casanello, donde se investiga posible lavado, también en las campañas electorales porteñas.
Cada uno de esos expedientes traería consecuencias distintas. Quizá el efecto más temido en el oficialismo a mediano o largo plazo es el que pueda resultar de las infracciones a las normas electorales, ya que según el artículo 63 de la ley de financiamiento de partidos pueden sufrir inhabilitación de seis meses a diez años para elegir y ser elegidos y para ejercer cargos públicos y partidarios el “presidente y tesorero del partido, los responsables políticos y económico financieros de la campaña” que “no puedan acreditar debidamente el origen y/o destino de los fondos recibidos”. Esta es la investigación a cargo de Ziulu.
En rigor, las rendiciones de la campaña 2017 están ahora sujetas a revisión del cuerpo de auditores que dependen de la Cámara Nacional Electoral. Una posibilidad es que a ellos sea entregado el informe de Di Lello, que es una pequeña muestra clara de un mecanismo a gran escala que se habría aplicado echando mano a los datos personales de cientos de ciudadanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que perciben planes sociales.
Fuente Página 12