Condenaron a prefectos de Patricia Bullrich por torturas contra 2 jóvenes
El Tribunal Oral Criminal Nº 9 dictó la sentencia efectiva contra los uniformados de fuerzas que responden al Ministerio de Seguridad, quienes en 2016 detuvieron y torturaron a Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya, dos adolescentes de la villa 21-24..
Se trata de los prefectos Leandro Antúnez, Orlando Benítez, Osvaldo Ertel, Eduardo Sandoval, Yamil Marsilli, Ramón F. Falcón, por las torturas a Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya, dos jóvenes militantes de la agrupación villera La Poderosa.
La noche del 24 de septiembre de 2016, hace casi dos años, Iván y Ezequiel fueron detenidos sin justificación por prefectos en la villa 21-24 de Barracas.
Ezequiel era menor de edad en ese momento, e Iván tenía 18 recién cumplidos. Los jóvenes fueron esposados y trasladados hacia un destacamento de la Prefectura. A Ezequiel lo golpearon y amenazaron adentro de un baño químico. En uno de los móviles, Iván también fue golpeado. Después, los dos fueron trasladados a un descampado frente al Riachuelo y sometidos a nuevas torturas y humillaciones, como simulacros de fusilamiento. Después de robarles, los prefectos los dejaron ir.
Los seis prefectos torturadores pertenecientes al Ministerio de Seguridad conducido por Patricia Bullrich, fueron condenados a prisión. Las penas efectivas fueron las siguientes:
ANTÚNEZ: 10 años y 6 meses.
BENÍTEZ: 10 años y 6 meses.
ERTEL: 10 años y 6 meses.
SANDOVAL: 8 años y 11 meses.
MARSILLI: 8 años y 11 meses.
FALCÓN: 8 años y 11 meses.
Muchas empresas hegemónicas de comunicación silenciaron esta sentencia. Entre las repercusiones internacionales, la agencia rusa Sputnik publicó que "en los dos años trascurridos desde aquella noche en que Iván y Ezequiel fueron torturados, en un destacamento de la Prefectura y en la orilla del Riachuelo, la situación de violencia policial en el barrio empeoró", en gran parte por responsabilidad del Ministerio de Seguridad, advirtió el CELS.
"Hace unas semanas fue asesinado un joven de 26 años, Cristopher Rego, que murió por un impacto de bala por supuestamente no detenerse en un control policial", publicó la Agencia.
"Pese al aumento de la violencia institucional, el Gobierno de Mauricio Macri, a través del Ministerio de Seguridad, anunció un cambio de doctrina para esquivar la culpabilidad de las fuerzas de seguridad en casos de enfrentamientos", sentenciaron.