Aborto: Proyectos de reparación económica y producción de medicamentos
Dos proyectos de ley que se presentaron en Senadores y en Diputados promueven la continuidad del debate parlamentario luego del rechazo en la Cámara Alta a la interrupción voluntaria del embarazo..
Por un lado, la senadora Nancy González propuso la creación de un régimen de reparación económica para hijos e hijas de madres muertas por abortos clandestinos. Por otro, el diputado Daniel Filmus planteó la necesidad de que el Estado garantice la producción pública de medicamentos para la realización de las prácticas farmacológicas de interrupción legal del embarazo ya previstos en la ley y en el Código Penal. Ambos cuentan con un aval transversal de bloques políticos, tal como expresó el debate en los recintos.
Ambos proyectos apuntan contra un mismo actor clave: el Estado.
La reparación histórica
El proyecto de la senadora González, titulado Ley de reconocimiento y reparación a los niños, niñas y adolescentes cuya progenitora o persona gestante haya resultado muerta como causa de embarazo finalizado en aborto, tiene 12 artículos. A saber:
* Crea un Régimen de Reparación Económica para las niñas, niños y adolescentes menores a 21 años o personas con discapacidad.
* La suma del monto abonado por el Estado debe tener un valor equivalente a un haber jubilatorio mínimo, con sus incrementos móviles, hasta que su titular alcance los 21 años. La reparación es compatible con la Asignación Universal por Hijo, con el régimen de pensiones y alimentos, y otras asignaciones familiares.
* Designa una Autoridad de Aplicación para garantizar los objetivos de la ley.
“Hace pocas semanas desde esta Honorable Cámara, tuvimos la responsabilidad de votar sobre una de las leyes más emblemáticas de los últimos años: la interrupción voluntaria del embarazo”, comienzan los argumentos del proyecto dirigido a la presidenta del Senado, Gabriela Michetti. “Si bien el proyecto no resultó votado afirmativamente por la mayoría de las y los legisladores, es innegable el proceso sumamente democrático llevado a cabo, desde que fue puesto en la agenda legislativa, en febrero de este año. Durante todos estos meses, hemos escuchado 738 exposiciones en la Cámara de Diputados y 145 en la Cámara Alta para reconocer y delimitar una problemática precisa: las consecuencias a las que se enfrentan las mujeres y los cuerpos gestantes de la Argentina ante su decisión de no continuar un embarazo y la posibilidad de perder la vida en un aborto clandestino”.
El proyecto cita, entre otras cosas, la información oficial presentada por el ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, que precisó que sólo este año en Argentina hubo 43 muertes por embarazos finalizados en aborto. Menos de una semana después del rechazo en el Senado, dos mujeres murieron en Pacheco y en Pilar, al norte del conurbano, por abortos clandestinos. “Dicha situación no puede hacer otra cosa que interpelarnos y abocarnos con la mayor celeridad a nuestra tarea de legislar y otorgar respuestas”, apunta el texto, que menciona como antecedente el Régimen de Reparación para la Niñas, Niños y Adolescentes hijxs de víctimas de femicidio –conocido como Ley Brisa-, promulgada en julio.
“Es importante detenernos y enfatizar que aquí no se trata de cifras, sino de la vida cotidiana de niñas y niños de carne y hueso; de la posibilidad de otorgarles, al menos, un reconocimiento y la contención necesaria para que puedan desarrollar su vida y sus derechos plenamente”, sostiene el proyecto.
Y cierra: “Hemos intentado evitar las muertes mediante la legalización del aborto y no lo hemos logrado. Pero nos ha quedado un legado, y es el de proteger al menos a los hijos e hijas de esas mujeres que el Estado no pudo salvar. Resulta como nuestra urgente tarea dar respuesta concreta a esas familias y a la sociedad en general, otorgando este reconocimiento y acompañamiento a los niños y niñas víctimas colaterales de este flagelo que deriva de la clandestinidad”.
El proyecto que presentó Filmus dice:
* “El objeto de esta ley es garantizar la producción pública de medicamentos esenciales para la realización de las prácticas farmacológicas de interrupción legal de embarazos”, establece en su artículo 1.
* Detalla que es el Estado quien debería hacerse cargo de la producción de misoprostol y mifepristona, los dos principios activos cuya combinación es “la forma más segura y efectiva de realizar una interrupción voluntaria del embarazo”, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
* El texto apunta a que la producción se realice en laboratorios de Producción Pública de Medicamentos que integren la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP).
* También considera la producción de medicamentos que, por avances científicos, a futuro resulten indicados para el reemplazo de estos dos principios activos.
* Ubica al Ministerio de Salud como el responsable de garantizar la distribución de los medicamentos a todos los efectores que componen el sistema nacional público de salud, priorizando los servicios de atención primaria.
* Establece que el Ministerio debe incluir los medicamentos en el Plan Médico Obligatorio (PMO) y en el vademécum de los programas de cobertura gratuita.
* Y destaca que apunta a garantizar la producción pública sólo para los casos de interrupción voluntaria del embarazo (ILE) previstos por el artículo 86 del Código Penal y su interpretación judicial del fallo FAL en 2012, lo que motivó a que varias provincias contaran con protocolos ILE.
“El proyecto es para que el Estado se haga responsable de la fabricación de las drogas que permitan a las personas ya incluidas dentro del aborto no punible la posibilidad de acceder al derecho de interrumpir su embarazo”, explica Filmus en diálogo con lavaca. “En cuanto al misoprostol, durante los debates quedó en claro que es muy difícil de conseguir, muy cara, que no se está fabricando en Argentina y hay una imposibilidad de acceso para la gran mayoría de la población. La mayor parte de los abortos no son quirúrgicos sino que se realizan a partir de la utilización del medicamento, y si efectivamente es un derecho el acceso de aquellas personas contempladas por ley al aborto no punible, la única forma de garantizarlo es que la fabricación no esté a cargo del mercado sino que sea el Estado quien garantice su presencia”.
El proyecto fue acompañado por otros 15 legisladores de distintos espacios políticos, como Daniel Lipovetzky, Victoria Donda, Brenda Austin, Araceli Ferreyra y Cecilia Moreau.
El texto recuerda que la OMS considera al misoprostol como un medicamento esencial desde 2005, pero la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó recién este año a que la droga sea de uso obstétrico en condiciones hospitalarias. De todas formas, hoy sólo la comercializan dos laboratorios.