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Con un comunicado la CTA anunció su rechazo el 16 por ciento y al bono

“Desde la CTA de los trabajadores denunciamos las políticas de hambre y miseria al cual los gobiernos someten al pueblo trabajador”, comienza el comunicado enviado desde CTA de los trabajadores..



“Rechazamos enfáticamente el incremento del 16% implementado por el gobierno de nuestra provincia, por tratarse de una cifra insuficiente y arbitraria, que no llega a cubrir la inflación de más del 40% prevista para el presente año, un Bono de 10.000 pesos a distribuirse en Diciembre y Enero resulta ser un “Bono Fistero” ya que pasadas las fiestas de Fin de Año quedará el saldo miserable de un salario mas empobrecido por las políticas inflacionarias del gobierno de Macri.

No nos olvidamos de los trabajadores informales y precarizados, becas, planes sociales, de la economías familiares, etc., que entre toda ésta cortina de humo solo tendrán un incremento de $600, más el Bono Fiestero. Todo ello da cuenta de que para los gobernantes hay ciudadanos de 1ra, 2da 3ra y hasta de otras categorías que  solo  merecen una  muy pequeña parte de la distribución del ingreso, parte que los mantiene en los más graves niveles de pobreza e indigencia.                                                                                                 

La firma del Pacto Federal Fiscal, por parte del gobierno de Sergio Casas y la posterior adhesión unánime de los diputados provinciales, unidos en un abrazo de complicidad entre oficialistas y opositores, con el inhumano ajuste en pleno receso estival, mas precisamente el 11 de febrero de éste año, tuvo su continuidad en el Congreso de la Nación con la aprobación del Presupuesto de ajuste, despidos y privatizaciones elaborado por el  FMI y que pagamos los trabajadores.

Exigimos salarios dignos, incrementos al salario Básico acordes a la inflación y la incorporación del Bono al salario de los trabajadores de todos los sectores , que merecen vivir dignamente y no de la dádiva clientelar.

Reclamamos la urgente sanción de una Ley de Emergencia Alimentaria que contemple políticas de distribución de la Renta Impositiva en las economías familiares, sostenidas  por los movimientos sociales”.