
El Colegio de Escribanos salió al cruce ante la decisión de la UNLaR de objetar el anteproyecto de ley presentado por dicha institución a la Cámara de Diputados, haciendo hincapié en la necesidad de revisar algunos artículos de la ley 6.071 y argumentando limitaciones que esta presenta para ejercer la profesión a los nuevos graduados.
En ese sentido y a través de un comunicado expresaron “que desde hace dos meses aproximadamente, este colegio conjuntamente con representantes de la UNLAR, y acompañados por el diputado PTE- de la Comisión de Legislación Dr. Ricardo Herrera, nos encontramos trabajando con responsabilidad, respeto y acuerdos en el proyecto”.
Asimismo le respondieron a la directora de la carrera de Escribanía, Dra. Gabriela Brizuela, quien “habla erróneamente de “concursos”, cuando acordamos que no era posible normarlo como tal, en razón de que el proyecto no establece límites a la cantidad de registros, sino que establece una evaluación de idoneidad ( existentes en las otras 23 provincias como examen, concurso o evaluación), que garantizara la excelencia de quien ejercerá la función pública notarial, en beneficio de la comunidad, pues un notario adecuadamente capacitado, previene conflictos jurídicos y disminuye el índice de litigiosidad de una sociedad determinada”.
Por otra parte “el jurado de la evaluación, para darle trasparencia a su accionar, estaría formando por un representante de la universidad, otro del Estado, otro del colegio otro de la UNA o Consejo Federal del Notariado Argentino” manifestaron.
Añadieron “que le notario es un profesional de Derecho, a cargo de una función pública por la fe delegada por el Estado, como delega el estado su fe a Funcionarios Administrativos “FE ADMINISTRATIVA” o a los Legisladores “Fe Legislativa”, la que no se discute y la delega en función de la confianza que el Estado deposita en ellos”.
“Los registros notariales no son instrumentos para satisfacer los deseos profesionales de ser notario, sino una herramienta para responder a una necesidad social y por ello el Estado – en este Caso la Cámara de Legisladores- son quienes tienen la facultad y la responsabilidad de devolver el equilibrio entre la cantidad de habitantes y el trafico escriturario, controlando y regulando los Registros, para que el acceso a ellos no sea un acto de mayor o menor liberalidad, debe ser una decisión meditada porque el notario tiene una reglamentación severa, para garantizar los fines públicos que son la Paz y La Seguridad Jurídica”.
Como funcionarios públicos el Estado nos encarga gratuitamente como ente de recaudación, información y percepción el cobro de los impuestos del Estado nacional y provincial.
Reflexionaron que “los maestros para acceder a un cargo rinden “concursos”, los abogados para llegar a ser jueces rinden concursos ( a ningún abogado que se recibe se le crean juzgados o cámaras) un director de los registros del automotor rinde concursos… etc.”
“Estamos convencidos que con la evaluación de idoneidad, los egresados competirán en un pie de igualdad, logrando la jerarquización profesional y científica. Una organización democrática de trabajo es la que da iguales posibilidades a todos los individuos que se hallen en la misma o semejante condición, descartando cualquier privilegio por encima de la prueba de idoneidad” sostuvieron.
Por último, desde el colegio remarcaron que “no quieren causar ningún perjuicio a aquel que ya está cursando la carrera, habiendo aclarando en las reuniones, que se establecerían disposiciones transitorias, que regulen el paso de una ley a otra observando estas situaciones”.
Firmaron el comunicado la presidenta del Colegio de Escribanos Maura Guzmán, Augusta Torres Matus, Girando Raquel, Mariela Torres Pascale, Marta Sotelo, Marcela Gómez, María Laura Nieto, Robertino Gabio, Agostina Díaz Jalaf, Florencia Zalasar ,Noemí Juárez Teruel y varios más