Niña aborigen salteña pudo abortar después de ser violada por pastor evangélico
Después de cuatro meses esperando definiciones, una niña de 13 años de la etnia chorote que fue abusada sexualmente por un pastor evangélico en Tartagal, Salta, pudo interrumpir su embarazo..
El aborto fue solicitado conscientemente y por la propia voluntad de la adolescente. La intervención del ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos provincial, Marcelo López Arias, fue la que permitió que se cumpliera el protocolo, cuatro meses después de que ocurriera el aberrante hecho.
El violador, un abusador de poder escudado detrás de la palabra “Dios”, se encuentra detenido hace tiempo bajo el cargo de “abuso agravado por posición dominante”.
“En razón de los derechos del niño y por ser una persona menor de edad, no podemos dar datos de ningún tipo. Nosotros aplicamos el protocolo sin ningún tipo de restricción y si es que el caso está dentro de los parámetros del protocolo. Simplemente se aplica con la mayor discreción posible en el marco de la protección de la niña y con la finalidad de no revictimizarla”, indicaron fuentes hospitalarias a El Tribuno, sin hablar específicamente del caso, si no refiriéndose en términos generales.
Desde la Justicia también dijeron que “el caso es complicado, por eso se mantiene en absoluta reserva y en el hospital. El abusador está detenido, no es de la comunidad chorote ni de otra comunidad. El tema ha causado mucho revuelo en la comunidad de Tartagal, por lo que se pide máxima discreción”.
Por su parte, desde el Gobierno Provincial, algunas personas consultadas por el medio local confirmaron que intervino el ministro Marcelo López Arias para pedir que se cumpla con el protocolo de aborto no punible que venía demorado por algunas observaciones interpuestas por funcionarios de los ministerios de Salud y de Asuntos Indígenas, quienes a su vez fueron influenciados por fundamentos de referentes “ProVida”.
La niña de 13 años proviene de una familia indígena muy numerosa que vive en la extrema pobreza en Tartagal. “Ella está absolutamente consciente del abuso que sufrió y tuvo desde el principio la decisión firme de interrumpir su embarazo, aunque por razones varias el tema se dilató por cuatro meses. Fue asistida y contenida por psicólogos, médicos y asistentes sociales”, dijeron profesionales acerca de este caso, cuyo hermetismo se relaciona con el incumplimiento del Protocolo de Aborto No Punible, contemplado en la Ley vigente.
Protocolo de Aborto no Punible en Salta
En mayo pasado y luego de la difusión del caso de niña una embarazada tras una violación, Salta adhirió a protocolo de aborto no punible de Nación. Tras la difusión de la noticia acerca de la continuación del embarazo de una niña salteña de 11 años que era violada por su padrastro, ahora detenido, el gobernador Juan Manuel Urtubey, decidió adherir al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo que fue elaborado conforme a un fallo de la Corte Suprema de la Nación.
Hasta entonces, la provincia de Salta tenía un protocolo propio y restrictivo, dispuesto por Urtubey en 2012 a través del decreto 1170. Generó un fuerte repudio, ya que establecía que la interrupción del embarazo podía realizarse hasta la semana 12 de gestación, aún en casos de abuso sexual. A la niña en cuestión, en tanto, se la obligó a continuar el embarazo, ya que lo detectaron cuando cursaba la semana 19. Estos plazos, por su parte, correspondían sólo a la provincia, ya que no los establecen ni el Código Penal ni el fallo F.A.L. de la Corte Suprema.
"La Provincia de Salta, a través del decreto 584/18, adhirió hoy (en mayo pasado) al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo que fue elaborado conforme a un fallo de la Corte Suprema de la Nación", dijo Urtubey en su cuenta de Twitter.
Allí detalló que "en la decisión se establece la conveniencia de evitar cualquier contradicción de normas o reglamentos que impidan que la toma de decisión de las víctimas pueda ser tomada sin plena libertad" y aclaró que "en 2012, la Provincia elaboró un protocolo como consecuencia del fallo (FAL) de la Corte Suprema de la Nación en virtud de la inexistencia de un protocolo nacional para regular en la materia".
En ese sentido, aseguró que la adhesión de mayo se dio en el marco de los "los aberrantes hechos ocurridos en los últimos días y más allá de la voluntad de la niña abusada y de su familia de continuar con el embarazo y no ejercer el derecho a la interrupción del mismo".