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En marzo definirán nuevo cuadro tarifario de energía para compensar la tarifa social

Las definiciones sobre el nuevo cuadro tarifario de energía eléctrica tendrá que esperar una resolución por parte del Ministerio de Infraestructura, quien tiene plazo hasta fin de marzo. Por el momento, desde EDELAR no hacen presunciones. La preocupación inmediata está centrada en si habrá un mecanismo para compensar la tarifa social..



Luego de que se informara que la quita del subsidio nacional dispuesta por el Gobierno nacional afectaría a partir de este mes a unas 40 mil familias riojanas con un incremento promedio superior al 100 por ciento, Medios El Independiente procuró obtener precisiones por parte de las entidades involucradas a nivel local.

El 21 de diciembre pasado se concretó una audiencia pública convocada por el Ministerio de Infraestructura de la Provincia, a cargo de Juan Velárdez, con el objeto de “aprobar el nuevo Régimen y Cuadro Tarifario, que regirá por los próximos cinco años”, teniendo en cuenta entre sus consideraciones “el incremento del precio de la generación y transporte de la energía, la cancelación de subsidios por parte del Gobierno Nacional, con sus correspondientes efectos colaterales hacia los usuarios”.

Las estimaciones realizadas al cierre del año pasado indicaron que las proyecciones de la Secretaría de Energía prevén durante 2019 un incremento del 55 por ciento acumulado promedio en las boletas de luz. Algunas asociaciones que nuclean a sectores productivos calculan valores aún superiores y afirman que el impacto será “brutal”. La suba se aplicará a partir de febrero de forma escalonada y la alarma se extiende también a los usuarios residenciales: en La Rioja un empleado estatal destina alrededor del 30 por ciento de sus ingresos únicamente al pago del servicio de agua y energía, informaron desde la Agrupación de Vecinos Autoconvocados.

El plazo para la publicación de la resolución final de la audiencia, en la que se hicieron varios pedidos de tarifa diferenciada, como el de la Universidad Nacional de La Rioja, no puede sobrepasar los 90 días contados a partir de la fecha de realizada, es decir, que la cartera de Infraestructura tiene hasta fin de marzo para expedirse. El avance de lo dispuesto por el Gobierno nacional y la crítica situación del bolsillo de la mayoría de la población apresuraría esos plazos.

 

A la espera

Hasta que eso suceda y pese a las especulaciones, ningún organismo, ni tampoco la empresa distribuidora, adelantan cifras o porcentajes precisos respecto a la conformación del nuevo cuadro tarifario. La urgencia mayor está puesta en determinar la medida que en el corto plazo adoptará  el Gobierno provincial para aminorar el efecto de la suba en los miles de hogares pertenecientes a los sectores más vulnerables que, de lo contrario, sin la tarifa social, pasarían a pagar el doble.

“La tarifa social va a dejar de existir, lo que significará 240 millones de pesos más al año”, reconoció el ministro Velárdez durante la audiencia pública de diciembre. La Provincia viene aportando unos 50 millones de pesos anuales en subsidios tanto para productores como para abaratar los costos a los usuarios residenciales. El monto que se requiere para compensar ese beneficio en particular está muy por encima de ese esfuerzo.

En el resto del país, algunos distritos, como Tucumán, ya trabajan en distintos mecanismos para que la problemática no quede a la intemperie: allí el beneficio se extiende a unas 160.000 familias y representa una partida de unos 500 millones de pesos por año, según explicó el diario La Gaceta. La idea del ente regulador es aplicar descuentos a partir de que se determine la situación real por la que atraviesan la diversidad de grupos de usuarios afectados: aquéllos con ingreso muy bajo y los que poseen un ingreso medio bajo. Una división, no obstante, signada por la pobreza.

En el caso de La Rioja, la consulta por definiciones acerca de cómo quedaría el cuadro tarifario o la posibilidad de una continuidad en el estudio de distintas variables, teniendo en cuenta la quita de la tarifa social, fue remitida, desde EDELAR, directamente al Ministerio de Infraestructura de la Provincia, autoridad convocante de la audiencia pública y quien tiene la potestad de decidir. Desde ese organismo oficial, además de la preocupación manifiesta, todavía el proceso de análisis no habría llegado a ver la luz.