
La problemática cuenta con escasas, casi nulas, soluciones. Lo que alguna vez fue un avance a partir del Munibús, en el caso de San Francisco SA se mantiene en una postergación indefinida. Existirían justificaciones técnicas para ello, pero no alcanzan al momento de dar respuesta a una necesidad concreta de inclusión.
Día a día las personas con discapacidad, los ancianos, las embarazadas, las mujeres con bebés en cochecitos o los niños pequeños que deben acceder a los colectivos del servicio público de transporte urbano, enfrentan una dificultad extra. Al subir y bajar dependen de la buena voluntad de los choferes, de la colaboración de otros pasajeros, o de su propia destreza. Lo que no ayudan son las veredas, ni el estado de las calles, todo lo que pone en evidencia la ausencia de unidades que posean las adaptaciones necesarias para favorecer la inclusión.
Las escenas se repiten en los colectivos de la empresa San Francisco SA, que depende de la órbita provincial y no presentó hasta ahora una respuesta en este sentido. En el Munibús capitalino es más difícil comprobarlo debido a que queda muy poco de la flota y de los corredores establecidos cuando comenzó a funcionar. Sin embargo, fue pionera en implementar vehículos que no sólo contaban con rampas para discapacitados, sino también con una ubicación especialmente acondicionada. Hoy esas unidades, un verdadero avance para la ciudad, sólo pueden verse de cuando en cuando.
Los que más sufren estas circunstancias son quienes utilizan sillas de ruedas para movilizarse. Sólo pueden acceder al colectivo plegando las mismas, lo que también deben hacer las madres con los cochecitos. En el caso de las personas con discapacidad, no les queda más remedio que incorporarse con la asistencia de alguien y treparse sirviéndose de la fuerza de sus brazos, cuando eso se los permite. El penoso ejercicio exige, además, deslizarse, casi arrastrándose, por los altos escalones del ingreso, demasiado estrecho y sinuoso, hasta alcanzar el primer asiento. Por atrás llega el pasajero colaborador con la silla a cuestas, la que será depositada junto a su propietario, quien de ahí en más la llevará todo el trayecto, con sus curvas, sus arranques y frenadas, aferrada fuertemente.
Lejos del objetivo
Esa es la situación. Y pese a los reclamos, las normas (ver recuadro) y las recomendaciones de los organismos que exigen garantizar la accesibilidad en este aspecto, continúa siendo un objetivo difícil de cumplir y respecto al cual no hay mucha esperanza de un cambio en lo inmediato. Sucede que aún en grandes ciudades como Córdoba, el porcentaje de coches adaptados en el sistema de transporte público no llega al 40 por ciento. Las empresas argumentan que en el país no se producen unidades con esos requisitos, que deben ser fabricadas por pedido, lo que retrasa la gestión y eleva los costos. Desde los gobiernos dan otras explicaciones.
Consultado por EL INDEPENDIENTE, el coordinador del Servicio de Transporte Urbano de la Provincia, Miguel Angel Asís, reconoció de plano que en la empresa San Francisco SA, actual concesionaria del servicio en la Capital, no existen colectivos con facilidades para las personas con accesibilidad reducida. Y señaló: “no hay porque las calles y veredas de La Rioja no lo permiten, tendrían que ser coches de piso bajo, y la diferencia que hay en las bocalles, en esa ‘v’ invertida que tienen y el espacio que ocupa entre el cordón y el asfalto donde está la cuneta, hacen que sea difícil que puedan funcionar y circular”, dijo de forma somera. Según fuentes vinculadas a la empresa, en realidad, en el playón habría algunas unidades adaptadas, pero no se utilizarán a raíz de que consumen más del doble de combustible que las convencionales.
Respecto a los factores señalados por el funcionario, queda la incógnita sobre el desempeño que tuvieron y que acaso aún tienen, las pocas unidades adaptadas de Munibús y si no alcanzaría con modificar las paradas existentes o agregar nuevas. O bien, intentar con un servicio diferenciado.
La situación en La Rioja se complica porque hay muchas paradas que no cuentan con señalización ni los mínimos resguardos y comodidades. También, porque las frecuencias son bastante prolongadas: en verano se puede esperar un colectivo fácilmente durante una hora, luego eso se reduce a no menos de 30 minutos según la época y la línea en la que, a una persona con discapacidad, toque -más que subir- trepar.
Sistema de protección integral
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte reconoce que las personas con discapacidad no sólo tienen derecho a viajar en forma gratuita en los servicios controlados por el Estado nacional, sino que “también se ha contemplado la accesibilidad física: este concepto incluye las adaptaciones que los vehículos deben presentar para facilitar el ascenso, ubicación, viaje y descenso de personas con movilidad y/o comunicación reducida”. La norma que garantiza estos derechos es la Ley Nacional N° 22.431 de Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad, la cual fue reglamentada por el decreto Nº 914/97. La misma propende, entre otras metas, a la supresión de las barreras físicas en los ámbitos urbanos, arquitectónicos y del transporte.