El SIDIUNLaR adhiere al paro del 6, 7 y 8 de marzo dispuesto por CONADU
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) resolvió, este martes, el plan de lucha con un Paro Nacional Universitario los días 6, 7 y 8 de marzo, entre otras acciones ante la negativa del Gobierno nacional de otorgar la recomposición correspondiente a la revisión salarial en la paritaria docente universitaria..
El Plenario de Secretarias y Secretarios Generales se llevó a cabo tras la reunión paritaria de lunes en la que el gobierno no se movió de una oferta unilateral del 4%, que se suma al 5% otorgado a fines de enero.
La Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) informó también que convocará a la segunda revisión paritaria el 18 de marzo, una vez anunciado el índice de inflación de febrero.
Ante este cuadro, el plenario de secretarios generales definió un plan de lucha con el siguiente cronograma:el 21 de Febrero participaran del acto a un año del 21F con las centrales sindicales combativas, hacia un paro general del movimiento obrero frente a las políticas de ajuste del gobierno nacional; el 28 de Febrero habrá una jornada nacional de protesta, los días 6 y 7 de marzo habrá un paro nacional universitario de 48 horas, movilización en unidad de acción con el conjunto de los gremios docentes del país para el día 6, el viernes 8 de Marzo se unirán al paro de mujeres en el marco del día internacional de la mujer trabajadora, en tanto que el 18 de marzo habrá un acto en Pizzurno durante la convocatoria a la paritaria docente y en las distintas universidades del país, finalmente el 19 de Marzo habrá un plenario de Secretarios Generales.
A su vez, la CONADU analizó la situación presupuestaria en las universidades, que será otro foco de conflicto durante el 2019, ya que el presupuesto universitario no compensó la inflación del año pasado.
Además, persiste la pelea para regularizar a los docentes contratados y ad honorem de las universidades públicas, efectivizando el acuerdo paritario que destina 50 millones para ese ítem.
En el plano estudiantil, el congelamiento de las becas PROGRESAR, y de las políticas socioeducativas se suma a los aumentos de transporte, materiales didácticos y el costo de vida general de los estudiantes, presionando sobre el abandono por causas económicas.
Por todo esto, la Federación evalúa un conflicto de largo alcance, que complicará el normal funcionamiento de las casas de estudio y en el que es necesario sumar a toda la comunidad universitaria y la sociedad en defensa de la Universidad Pública.