
La diputada provincial Sonia Torres expresó su conformidad con la aprobación de la adhesión a la Ley Nacional N° 27.372 y el establecimiento de una Ley Provincial de Protección Integral a las Personas Víctimas de Delitos. La legisladora, que junto a otros de sus pares es autora de la iniciativa, resaltó como "un rasgo de madurez de la Cámara" la votación afirmativa unánime que se produjo el jueves pasado.
"Logramos unificar proyectos entre todos los bloques y dotar a esta problemática de un instrumento que busca mejorar la calidad de atención, asistencia y seguimiento destinados a las víctimas de delitos", sostuvo, al tiempo que valoró el aporte y accionar de la Asociación de Madres del Dolor.
Torres manifestó de esta forma su beneplácito por el acuerdo logrado a partir del trabajo y posterior dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano y Familia en la Cámara de Diputados, que tuvo a su cargo fusionar las iniciativas en este sentido, entre las figuraba el proyecto de Ley para establecer la Protección Integral de las Personas Víctimas de Delitos propuesta por el interbloque Cambiemos-FCR-Encuentro por La Rioja. Además de este programa, los legisladores aprobaron por unanimidad la adhesión a la Ley Nacional N° 27.372 que instituye Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos.
"Tal como lo señala el dictamen, la normativa sancionada otorga un blindaje de protección integral y debida intervención, en lo que se tiene en cuenta por ejemplo atención y asistencia especializada en el caso de que la víctima se encuentre situaciones de vulnerabilidad, en razón de su edad, o por tratarse de una persona con discapacidad, incluso en una relación de dependencia, ya sea económica, afectiva, laboral o de subordinación con el autor del delito", resaltó Torres.
A su vez, la diputada agregó que "se dispone un marco de medidas de protección más dinámica, de trámite más ágil, con una línea gratuita y una comisión de seguimiento y monitoreo permanente de las víctimas, con el objetivo de reducir las molestias durante el proceso y neutralizar los riesgos a los que pueda estar expuesta". En otro de los artículos de la ley aprobada, informó Torres, se fija que el Estado "deberá atender a sufragar los gastos de traslado, hospedaje y sostén alimentario de urgencia cuando la víctima, por sus circunstancias personales, se encuentre imposibilitada de hacerlo".
Por último, Torres ponderó "el rasgo de madurez" demostrado por los miembros de todos los bloques que componen la Cámara de Diputados al unificar criterios y sancionar este marco legal con una votación unánime. "Es muy importante haber dotado a esta problemática de un instrumento que busca mejorar la calidad de atención, asistencia y seguimiento destinados a las víctimas de delitos, una prioridad y una demanda que viene planteando la sociedad y la realidad. Debemos priorizar la protección de las víctimas y de su entorno familiar, evitando la revictimización. Es también una respuesta y un reconocimiento a la lucha permanente de la Asociación Madres del Dolor, en la que destaco el aporte y accionar de sus integrantes", finalizó.