La Defensoría Pública acompaña el nuevo enfoque sobre la salud mental
La Cámara de Diputados sancionó la Ley de Protección de la Salud Mental en las Personas, que modifica el actual régimen e introduce el Órgano de Revisión en el ámbito judicial. Para conocer detalles sobre este cambio de enfoque, EL INDEPENDIENTE entrevistó a la titular del Ministerio Público de la Defensa, Azucena Sánchez..
La elaboración del proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo demandó casi dos años de trabajo interdisciplinario entre distintos sectores y se desprende del camino que comenzó a delinearse una vez que la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, aprobada por el Congreso en 2010, fue abriéndose camino en la práctica. No fue fácil. La norma reguló importantes aspectos que permanecían difusos o con vacíos legales, y propulsó un cambio de paradigma con respecto al abordaje del servicio destinado a personas con enfermedades mentales.
Se considera que esa Ley Nacional es un avance en pos de un proceso de desmanicomialización, inclusión y atención integral al que todavía le resta atravesar grandes desafíos. En cuanto a la Provincia, fue una de las que a muy poco de establecido ese cambio de paradigma, concretó una nueva Ley de Protección de la Salud Mental, la N° 9.098, que en su articulado dispone la prohibición de la creación de nuevos manicomios y neuropsiquiátricos y considera la internación como un recurso terapéutico de carácter restrictivo, entre otros aspectos.
Asimismo, la Ley N° 9.098 establecía la creación de un Órgano de Revisión con el objeto de proteger los derechos humanos de los usuarios de los servicios de salud mental. Si bien reforzaba el aspecto multidisciplinario, hacía depender el mismo del Ministerio de Salud Pública. Ahora, en la modificación y sanción de la nueva norma local, participaron activamente en la redacción tanto la cartera sanitaria como el Ministerio Público de la Defensa, junto a la Secretaría de Legal y Técnica de la Gobernación, la Secretaría de Derechos Humanos y otras áreas y organismos. El rol de la Defensoría se volvió determinante.
EL INDEPENDIENTE- ¿Qué es lo central que viene a aportar la Ley recientemente aprobada?
Azucena Sánchez- El cambio fundamental es con relación al Órgano de Revisión, que garantiza los derechos humanos de los usuarios. Se hace concreta una integración conformada por representantes de la Defensoría junto a un equipo interdisciplinario más completo, en el que, incluso, se prevé aspectos como el económico, mediante la designación de un contador. Esto implica una mayor apertura.
EI- ¿De qué modo sobresale la necesidad de contemplar aspectos como los intereses económicos en estos casos?
AS- Bueno, muchas veces se producen alteraciones mentales y los bienes de las personas afectadas quedan en manos de terceras personas, que no hacen una buena administración, o bien, cuyo interés no es la recuperación sino que el usuario permanezca internado indefinidamente.
EI- Se presume y protege la capacidad jurídica de las personas, que a veces resulta afectada en estos casos.
AS- En efecto, este Órgano de Revisión va a ser un brazo extendido de la Justicia involucrado en la misma área de salud, donde se trabajará de forma entrelazada. Hay internaciones que se extienden por años y van reduciendo el desenvolvimiento de la persona. La Ley de Salud Mental propicia que los usuarios vuelvan a su ámbito de desarrollo personal y familiar, y tengan posibilidades de inclusión social.
EI- ¿Cuál será el rol específico de la Defensa Pública?
AS- Revisar implica controlar que si un usuario debe permanecer internado, lo esté únicamente el tiempo que lo necesite. Preservar la vinculación con el médico y la familia, procurando que esta no lo abandone ni lo expulse del hogar. Porque las problemáticas de este tipo afectan tanto a personas mayores como a los jóvenes. Pueden suceder y tienen tratamiento. Vamos a velar, sobre todo, para que los usuarios recuperen su capacidad íntegra y no permanezcan en internaciones largas. No se trata de estar encima de otras áreas, sino de un trabajo conjunto entre todos que permita generar y facilitar ámbitos adecuados de recuperación.
La Defensora General de la Provincia advirtió así sobre el deterioro en la salud, la pérdida de autonomía y los perjuicios patrimoniales que se producen en las personas que pasan muchos años de su vida en centros de internación. “Ya hemos comprobado que eso no sirve, todo ha ido cambiando, antes se hablaba de ‘insanos’ y ahora se trata de ‘usuarios’, por lo que son necesarios organismos que acompañen esa otra mirada, para lo que es esencial la capacitación”.
En este punto, Sánchez indicó que, además de la reglamentación de la Ley Provincial sancionada, se avanzará en capacitaciones para todas las áreas intervinientes y hacia otras que también suelen tener injerencia en determinados procedimientos, como la Policía y las organizaciones sociales. “Buscamos que se cumpla con un trato respetuoso hacia la persona y una modalidad de abordaje donde el objetivo sea siempre el que se brinde asistencia”, explicó la funcionaria.
Nota completa en la edición papel de este martes 22 de octubre