La ONU advirtió sobre un plan sistemático de Macri para manipular e intimidar a la Justicia
El organismo multilateral reclamó al gobierno de Macri por presuntos actos de amenaza, intimidación y presión a jueces, fiscales y abogados. Dio un plazo de 60 días para que el Estado informe qué acciones concretas adoptará el Gobierno..
Según la información recibida, el Procurador sería una persona cercana a la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y al presidente Mauricio Macri. De hecho, la Gobernadora nombró a Conte Grand en diversos puestos en el pasado. En 2012, lo designó Procurador General del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a propuesta del Presidente Macri; en 2015 lo nombró Secretario de Legal y Técnica de la Provincia de Buenos Aires, al día siguiente de su asunción en el cargo de Gobernadora; y en diciembre de 2016, lo designó como Procurador de la provincia de Buenos Aires.
Otro de los puntos se refiere a las Tarifas de Servicios Públicos. Según la información recibida –indica el informe-, los magistrados que cuestionaron la constitucionalidad del aumento de las tarifas de servicios públicos esenciales dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional en 2016 "fueron víctimas de ataques, intimidaciones públicas y pedidos de enjuiciamiento".
La ONU recordó que los jueces que cuestionaron la constitucionalidad de los tarifazos "fueron víctimas de ataques, intimidaciones públicas y pedidos de enjuiciamiento"
"Teniendo en cuenta la información y alegaciones recibidas, quisiera expresar mi preocupación sobre las mismas. Los supuestos hechos incluirían presuntos actos de amenaza, intimidación y presión a magistrados y magistradas, fiscales y abogados y abogadas, incluyendo: la manipulación del Consejo de la Magistratura; la selección, designación, traslado y subrogación de jueces y juezas sin tener en cuenta las garantías establecidas en los estándares internacionales; la intimidación contra la Procuradora General y fiscales; los ataques contra jueces y juezas y fiscales cuyas actuaciones no responderían a los intereses del poder ejecutivo; campañas mediáticas contra jueces y juezas, fiscales y abogados y abogadas; y los procesos de sustitución, suspensión y destitución de jueces y juezas sin respetar los requisitos establecidos en los estándares internacionales, entre otras actuaciones", advierte el informe.
El relator dio 60 días para que le suministren respuestas sobre medidas adoptadas relacionadas con los puntos señalados.
"A la espera de su respuesta, quisiera instar al Gobierno de su Excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de la(s) persona(s) mencionada(s) e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas. Quisiera asimismo instarle a que tome las medidas efectivas para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se repitan”, advirtió el relator.