
El edil, con casi tres meses de ejercicio, formalizó la decisión irrevocable de renunciar a su cargo el mismo día en que fue detenido por un supuesto hecho de violencia de género y el Concejo Deliberante se convocó hoy en sesión especial para tratar la misma. Cuando se iniciaba el camino para su reemplazo, hubo novedades que complicarían el proceso.
Tras el pedido de sesión especial, los concejales de los distintos bloques se congregaron ayer por la tarde en reunión preparatoria para ajustar los detalles sobre el tratamiento que demandaría la renuncia presentada el 14 de febrero por Gerardo Herrera Gómez.
En el texto de la misma, el concejal radical expresó la decisión voluntaria de dimitir a su banca, sin hacer mención a una causa específica. Sin embargo, en ese momento, Herrera Gómez ya había sido detenido y alojado en la Alcaidía Policial a raíz de una contravención. Luego se supo que la misma obedecía a haber sido denunciado por su concubina en el marco de un hecho de violencia de género, por agresiones que habrían ocurrido en su domicilio.
La reacción inmediata del bloque de Juntos por La Rioja, mayoritario en el Concejo, fue la de acompañar la postura de la intendenta Inés Brizuela y Doria, condenando lo sucedido y exigiendo la renuncia del edil, miembro de ese bloque y octavo en la lista por la que fue electo. Se abría así el camino a su reemplazo, que correspondería a Norma Fajardo, una joven dirigente de extracción justicialista, aliada al radicalismo y actual funcionaria municipal.
Sorpresa
Lo previsto entonces era que en la sesión especial convocada hoy a las 9 con el objeto de tratar la dimisión, el cuerpo de concejales se expresara aceptando la misma y procediendo a elevar la comunicación oficial al Tribunal Electoral de la Provincia a fin de que resuelva proclamando a quien completaría la actual conformación y disponiendo que se le tome juramento.
Con todos estos aspectos contemplados, la situación dio un vuelco ayer por la tarde, ya con la reunión preparatoria en puerta. Y es que trascendió que llegó hasta el Concejo Deliberante una nueva nota de Herrera Gómez en la que se retracta de la renuncia tramitada, esgrimiendo que cuando la suscribió no se habría encontrado en condiciones de manifestarse haciendo uso de sus facultades, en medio de “perturbaciones y confusiones”, es decir, de decidir voluntaria y libremente, como la afirma en el escrito. Sostiene que lo hizo de manera obligada y “sin haberla leído”.
Además, Herrera Gómez, quien ya fue liberado de su arresto, habría puesto a consideración del cuerpo la declaración testimonial de la persona que lo denunció, rectificándose de lo expuesto esa madrugada ante las autoridades policiales. Señala que el hecho consistió en “una discusión propia de la relación de pareja” que generó un “malentendido” y exige la exclusión del Temario del Día de su “supuesta renuncia”, haciendo reserva del caso federal “por violación al derecho a trabajar”.
Dos caminos
La novedad, de ser confirmada en la sesión de hoy, plantearía un escenario más complejo y con otras derivaciones dado que el tema específico es la renuncia del edil. Por parte del bloque Juntos por La Rioja se insistiría en dar por válida la dimisión y, en todo caso, hacer hincapié en que aún cuando hubiera controversia acerca de la causa en terreno privado, al haber sido detenido, Herrera Gómez incurrió en una inconducta contemplada por el reglamento que determinaría su urgente destitución, debido a que afectaría la imagen pública del Concejo Deliberante.
Pero esta salida no era fácil hasta anoche y demandaba la búsqueda de consenso con el bloque del Frente de Todos, que –con el peso de la experiencia de algunos de sus ediles- observaba con atención la necesidad de atar los cabos sueltos a partir de la complejidad suscitada, para evitar una judicialización que prolongue de forma indefinida, una vez más, la disminución en la composición del cuerpo. Actuar de forma prolija evitaría entrar en una sucesión de presentaciones y denuncias que retraerían a la polémica debilidad institucional que el Concejo arrastró en los últimos años.
En este sentido, algunos concejales justicialistas analizaban otro encuadre para el caso: la posibilidad de que se deje lado los vaivenes de la renuncia y se inicie contra Herrera Gómez una proceso de juicio político que, aún cuando lleve su tiempo en cumplimiento de las distintas instancias, permitiría arribar a una resolución mucho más firme.