
Nación dispuso un incremento del 2,3 por ciento más, una suma fija de 1.500 pesos para todas las prestaciones previsionales de la ANSES, incluidas jubilaciones y pensiones. La medida generó controversia luego de la suspensión de la fórmula de actualización de haberes. El abogado Eugenio Covian prepara un amparo en representación de quienes se consideran vulnerados sus derechos.
El decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 163/2020, cuyos efectos, vinculados a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), regirán a partir del próximo 1 de marzo, determina también un incremento de los rangos de ingresos del grupo familiar y de los montos de las asignaciones familiares equivalente al 13 por ciento.
Pero es en el plano de los haberes jubilatorios donde estalló la polémica. Y para entender los principales aspectos en juego es necesario tener en cuenta que en diciembre del año pasado el Congreso Nacional sancionó la Ley Nº 27.541, que al declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, dispuso la suspensión por un plazo de 180 días de la fórmula de actualización de haberes jubilatorios que dos años antes –durante la gestión de Mauricio Macri como presidente– había modificado el índice de movilidad jubilatoria.
Repetidamente, la ley conocida como “de Solidaridad Social y Reactivación Productiva” hace referencia a que esa medida obedece “a los fines de atender en forma prioritaria y en el corto plazo a los sectores de más bajos ingresos”. Como así también indica que durante el lapso previsto el Gobierno nacional “deberá fijar trimestralmente el incremento de los haberes previsionales atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”.
En atención a esto, el reciente decreto que establece un incremento del 2,3 por ciento sobre el haber devengado correspondiente al mensual febrero de 2020 más una suma fija de 1.500 pesos implicará subas que van del 3,75 al 13 por ciento, dependiendo de lo que cobra cada jubilado. En el caso de quienes se encuentran en la mínima, es decir, los de más bajos ingresos, corresponderá el porcentaje más alto y accederán al monto de 15.892 pesos.
El inconveniente se plantea con quienes ganan más de 20.000 pesos, que –de no haberse suspendido la anterior fórmula de actualización– habrían obtenido un aumento del 11,56 por ciento y ahora, a medida que mayor es el haber jubilatorio, menor es el impacto porcentual que reciben: 9,8 en el caso de quienes cobran 20.000 pesos; 5,3 por ciento para aquellos que perciben 50.000, y así.
“Es inconstitucional”
“Estos jubilados se ven claramente perjudicados por el decreto del Poder Ejecutivo, ya que la Ley Nº 27426 de 2017 establecía los aumentos a partir de un promedio entre la inflación y el crecimiento de los salarios”, explicó el abogado Eugenio Covian, titular del estudio jurídico Covian & Asociados, en una entrevista con EL INDEPENDIENTE. Al mismo tiempo, remarcó que dicha fórmula no fue modificada sino que fue suspendida. “Y para ello se tuvo en cuenta la emergencia económica, algo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de reconocer como una situación insostenible”, contextualizó.