Fake News, Trolls y Sociedad Democrática
Entendiendo al medio de comunicación social como un medio o instrumento por el cual se realiza el proceso comunicacional, y a los medios de comunicación masivos como aquellos adeptos simultáneamente por una gran cantidad de personas; no caben dudas de que las nuevas modalidades de comunicación en entornos digitales se ven incluidos en los mismos.
Por Silvina Santangelo Carrizo
Dicho esto, considero particularmente imperioso colocar en agenda pública la necesidad de regular las consecuencias lesivas que pudieran derivar de conductas abusivas a través de los mismos, tendientes a arremeter contra la el honor, dignidad, o intimidad de las personas; torcer la realidad; instalar discursos de odio; generar temor social; o ejercer una presión económica en razón de la multiplicidad de sus modalidades de difusión. Esto sea mediante páginas web, perfiles o fan page en redes sociales, que emplean cuentas anónimas o falsas, bajo la apariencia de páginas de noticias responsables y hasta un sin número de perfiles particulares destinados a operar en distintas plataformas digitales con fines poco serios cuando no nefastos.
De igual manera, es necesario referirse a los llamados “trolls” que recurren a la publicación de material ofensivo en redes sociales para atacar a usuarios en todos los niveles, resguardándose en el anonimato que les provee la discusión virtual, incluso con cuentas falsas con total inobservancia de responsabilidad alguna.
Ejemplo de ello es el hostigamiento o los ataques constantes que vive el colectivo feminista y mujeres en particular, ante el planteo y defensa de demandas explícitas en ejercicio de su absoluto derecho de autodeterminación, a favor del aborto legal, la igualdad de género o la erradicación de la violencia contra la Mujer en todas sus variantes.
Otro ejemplo clásico, que actualmente se ha convertido en una herramienta de valor en campañas de los más diversos tipos en internet, son los trolls destinados a la política. Su función es la de influenciar la opinión pública, provocar alarma social,recurriendo al insulto,fomentando el discurso del odio, descalificando la opinión de usuarios/as o funcionarios/as según época y conveniencia del modo de ataque. Así en períodos previos a elecciones, se busca muchas veces invalidar acciones estatales mediante el ataque al honor, dignidad e intimidad de funcionarios/as o magistrados/as; o se incurre en la difusión múltiple de noticias falsas o Fake News, alteradas o cercenadas para “inducir” a autoridades al “aporte” de una pauta publicitaria mayor en función de los fines perseguidos.
Sea cual fuera el caso, es importante clarificar la función del troll de internet como una “creación” para disuadir, confundir, direccionar maliciosamente mediante la agresión, comentarios irritantes y actitudes destinados a socavar la dignidad de personas e imagen institucional de funcionarios/as estatales y con ello alterar cuando no privar, del libre equilibrio entre el derecho a informarse, la libre circulación de la información y el derecho a la libertad de pensamiento, como base fundamental de la libertad de expresión en un Estado democrático.
Dicho esto, no hay que perder de vista que la opinión de las personas usuarias en redes sociales, implica el legítimo derecho de su libertad de expresión y se plasma en entornos digitales con el fin de poder opinar sobre un tema de manera genuina. Toda persona tiene el derecho de expresar libremente sus ideas, pensamientos de la más variada índole y sin restricciones, su acuerdo o desacuerdo en los temas que decida abordar; pero ante el bombardeo de información en internet muchas veces no se puede distinguir entre lo real y lo falso; desatándose de manera incontrolable la peligrosa cultura de la desinformación, la confusión, el temor social que imposibilita la libre determinación.
El resonante caso expuesto recientemente a través del escándalo de Cambridge Analytica,desde la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, hasta el Brexit o la crisis catalana en España más recientemente; ha dejado en evidencia el accionar de las empresas dominantes proveedoras de servicios, el manejo inescrupuloso de datos, que sumado a la Psicografía de usuarios y el proceso de algoritmos; permiten predecir el comportamiento de los mismos o lo que es más grave, moldear sus pensamientos e ideas,redirigir sus decisiones, limitar su derecho de autodeterminación según conveniencia;colocando a la sociedad democrática en un estado de vulnerabilidad alarmante; esto entre otras modalidades, mediante noticias falsas, alteradas o cercenadas.
Ante este panorama, - ¿Es posible asimilar el manejo de procesos técnicos de algoritmos que alteren, menoscaben el derecho de autodeterminación, a maniobras determinadas, no tan complejas, pero igualmente lesivas?
- ¿Cuál es la responsabilidad que le cabe al Estado ante la desprotección a sus ciudadanos de este tipo de intromisiones inaceptables?
Particularmente entiendo, que en estos casos emerge indefectiblemente el deber del Estado de proteger el derecho de la sociedad, mediante información para la prevención del usuario; normas claras y precisas como mecanismo de contralor de Fake News; información falsa, alterada, cercenada; como así también de los ataques infundados al honor, dignidad, e intimidad a funcionarios/as del Estado, que nada tengan que ver con el cargo que desempeñan.
Es necesario para ello asumir que las publicaciones inescrupulosas de carácter malicioso en sociedades pequeñas como nuestra provincia, junto a la proliferación de páginas,redes o perfiles sociales digitales anónimos y/o falsos de difusión incontrolable, implican sin dudas un límite a la libertad del ciudadano. Un límite que bajo la justificación de la libertad de expresión no puede dar lugar a la cultura de la desinformación, el atropello, o la confusión en desmedro de la sociedad democrática y la paz social.
En razón de lo expuesto es que entiendo que este límite debe ser nuevamente planteado, esta vez en función de los avances de la tecnología y el claro impacto terminante de las mismas sobre el individuo, la sociedad y el Estado democrático.
Definitivamente hoy la verdad, es más importante que nunca.
*Abogada especialista en Derecho Informático Diplomada en Derecho Constitucional Judicial