
06/05/20
Los cacerolazos contra las excarcelaciones expusieron un malestar que superaría el tema de los presos. El Gobierno busca cerrar ese capítulo. Crece la inquietud por la caída de la economía. Lo advierten también los gobernadores. Crisis y virus: angustias concurrentes.
Un cacerolazo estridente y si se quiere una segunda protesta - de menor volumen- parecen haber reproducido un clásico del poder político: un espasmo, una reacción de apuro para aplacar la cuestión y si es posible, sacarla del temario público. Acaba de ocurrir con las excarcelaciones de presos en medio de la cuarentena. Alberto Fernández dio instrucciones para realizar obras para emergencia sanitaria en cárceles.
Cristina Fernández de Kirchner hizo un único gesto. Fue un rato antes de ir a Olivos ayer para reunirse con el Presidente y lo limitó a los suyos, respaldando anuncios de Axel Kicillof junto a los ministros Sergio Berni y Julio Alak.
Hasta allí eso podría ser a la vez una pincelada fina de la interna. Pero en primer lugar resulta una expresión gruesa de la decisión de adjudicar todo lo ocurrido con las excarcelaciones a malas acciones de jueces y camaristas. Expone una salida de apuro, aunque seguramente la reacción oficialista haya sido alimentada por una lectura más amplia de la realidad.
Es sabido que semejantes protestas, como el primer cacerolazo, pueden ser precipitadas por un elemento socialmente irritante –la cantidad y simultaneidad de prisiones domiciliarias sin reparo alguno- pero en general condensan otros humores, esta vez en tiempos de aislamiento.
Alguna encuesta sugería hace ya un mes una advertencia de fastidio colectivo y varios sondeos en las últimas semanas anotan caída de imagen gubernamental –aun en niveles altos- y crecimiento sostenido de la preocupación económica. Las encuestas generan reparos después de los desaciertos electorales. Con todo, hay datos que eran registrados por el sentido común, incluso no lejos de Olivos. Y que movilizan a los gobernadores, en tratativas casi a diario para aflojar las restricciones a la actividad social y económica en sus distritos.
Tal vez esa percepción precipitó el giro oficialista frente al tema de los presos y el coronavirus. Fue tan fuerte, y en algunos casos tan desmedido, que sacudió el ambiente judicial. Reabrió un frente siempre sensible y la respuesta tampoco resultó a la altura del punto en discusión: puso la carga en el poder Ejecutivo –nacional y de provincias- y eludió responsabilidades, en espejo con el despegue oficialista.
El registro de cierta fatiga creciente por la duración de la cuarentena. Y por la profunda caída de la economía y sus efectos directos en buena parte de la sociedad. Temor por el virus y necesidad de respuesta sanitaria eran señales prácticamente excluyentes a fines de marzo. Hoy, casi en el mismo renglón aparece el deterioro económico. No compiten, son angustias concurrentes.