
16/08/20
Cada semana de análisis de la situación pandémica en La Rioja, decimos que es la peor y eso dice mucho respecto del incesante crecimiento de casos positivos de COVID, que derivó en la preocupante etiqueta roja que Nación le puso a nuestra provincia durante los anuncios del Presidente sobre la continuidad de las acciones preventivas. Evidentemente la responsabilidad social no es la óptima y el retorno del control del Estado para evitar el colapso sanitario es de necesidad y urgencia.
La pregunta del millón es si éste es el pico de la pandemia para los riojanos. Lamentablemente nadie tiene la respuesta por la inexistencia de un manual que indique la forma de hacerle frente a esta enfermedad tan letal, que lleva más de 5.500 argentinos fallecidos. Todo indica que no supimos aprovechar, la oportunidad que el Gobierno nos otorgó para cuidarnos bajo nuestra responsabilidad, y las consecuencias están a la vista.
Desde aquellos que descreen de la existencia del virus y que piensan que es un invento de los gobernantes, pasando por los que no respetan las mínimas medidas de seguridad hasta los que impulsan el rechazo de las acciones preventivas (“anticuarentenas”), son en gran parte responsables del negro panorama que debemos atravesar en la provincia.
Hoy la situación es por demás alarmante, porque se encendió la luz roja de alerta que, para los expertos epidemiólogos, es la capacidad de ocupación de camas de Terapia Intensiva. Ese índice ya alcanza el 90 por ciento en los hospitales públicos y más del 50 por ciento en los privados. Si bien la cuarentena estricta sirvió para que el sistema de salud se fortalezca, todo tiene un límite cuando la irresponsabilidad de las personas llega a los niveles actuales.
Los números de la semana advierten que la curva de contagios casi se duplicó en siete días, pasando de 537 casos a 878, hasta el viernes último, lo que significan 341 personas positivas más, a un promedio diario de casi 50 infectados. Si a esto se le suman cuatro nuevos fallecimientos, la situación resulta alarmante desde cualquier punto de vista. La buena noticia fueron los 129 recuperados que hubo en la semana, de los cuales muchos fueron a donar plasma, en un altruista gesto de ayudar a quienes hoy están padeciendo la enfermedad.
En breve La Rioja alcanzará el millar de contagios, pues los especialistas ya anticipan que la curva de contagios pasaría a tener un promedio de 80 casos diarios, lo que implica su correlativa duplicación posterior.
El gobernador Ricardo Quintela y sus colaboradores habían dispuesto dejar en manos de la ciudadanía la responsabilidad de cuidarnos ante la presencia del coronavirus. Fueron muchas las voces que se hicieron escuchar para criticar la cuarentena estricta que se dispuso en su momento, al punto de realizar polémicas marchas para exigir la apertura de los comercios y de la supuesta restricción de las libertades civiles. Evidentemente, como sociedad no estamos preparados para ello y así lo demuestran no sólo los números, sino también la actitud de mucha gente que tiene un velado rechazo por la vida y el bienestar humano.
Fiestas clandestinas, juntadas masivas en barrios y domicilios, el nulo o mal uso del barbijo y las medidas sanitizantes, la errónea práctica deportiva que no cumple con los protocolos estipulados, sumado a la alta circulación de manera innecesaria, nos colocó entre las provincias más complicadas, a nivel de contagios, del país.
Esto derivó en que el presidente Alberto Fernández anuncie en cadena nacional que La Rioja capital y Chamical se sumaban a la Fase 1 de restricciones, situación en la que están el AMBA, cuatro departamentos de Jujuy; Río Gallegos en Santa Cruz; Río Grande, Tartagal, en Salta; y Santiago del Estero capital y La Banda.
Hasta ayer se esperaban los decretos sobre los alcances de estas restricciones anticipadas por el mandatario nacional, que el jueves mantuvo un encuentro virtual con los gobernadores, para acordar los términos de esta nueva etapa que abarca hasta el 30 de agosto. Fernández se hizo cargo del costo político de anunciar el retroceso de fases, algo que los gobernadores venían pidiendo desde hace tiempo, para evitar la confrontación directa con los sectores sociales que se oponen a las medidas restrictivas.
Ese mismo jueves, el mandatario riojano se reunió con su gabinete y el equipo asesor de salud, para evaluar la situación actual. De allí surge la gran preocupación de los expertos, porque en 10 días la disponibilidad de camas en UTI creció, por lo tanto, para evitar saturación a futuro es que se declaró la emergencia naranja en toda la provincia.
Sucede que ya no sólo es Capital el problema, sino que el virus llegó a los departamentos. Chamical es el segundo departamento con más contagios, Chilecito no se queda atrás y así el virus comienza a ampliar su espectro geográfico.
Hasta ayer, Quintela mantenía su escucha permanente con distintos sectores económicos y sociales, previo a tomar una decisión en torno a las medidas ordenadas por el Presidente. Se pudo saber que hay dos líneas de pensamiento, entre las que el mandatario deberá elegir. Una de ellas es retornar a la fase 1 estricta y frenar todo tipo de actividad y circulación, mientras que la otra es apuntar fuertemente a la concientización social y que el comercio pueda abrir en horario corrido hasta las 16 horas.
La gran preocupación del Gobierno son las reuniones sociales, porque los estudios indican que son el principal caldo de cultivo de los contagios que derivaron en esta crisis. Por ello hoy serán muy estrictos los controles, con la recomendación de evitar cualquier tipo de festejos vinculados al Día del Niño.
Tal como lo dijimos en columnas anteriores, el COVID no distingue sexo, color de piel, situación económica, ni nada. Así se pudo saber que hubo otros concejales capitalinos, que tras el caso del edil Facundo Puy, anunciaron haber dado como positivos y también algunos diputados provinciales, lo que pone a dos de los principales órganos parlamentarios locales, en el ojo de la tormenta.
De igual modo y en el marco de la responsabilidad social que nos toca, Medios El Independiente decidió hacer un parate en sus actividades diarias, debido a la existencia de dos contactos estrechos con casos positivos de COVID. Vale decir que el riesgo de trabajar y mantener vigente la comunicación con nuestra Rioja no se abandonó en ningún momento desde que comenzó la pandemia. Sin embargo, consideramos que es parte de nuestro compromiso cuidar a quienes pertenecen a nuestra familia cooperativa y evitar una eventual propagación masiva del virus.
Hoy nadie puede tener la solución en sus manos y mientras la vacuna no sea una realidad, la única salida es cuidarnos entre todos. Los Gobiernos son los responsables máximos, porque de ellos depende el ordenamiento normativo para evitar desbordes y colapsos en el sanitario, sin embargo, no escapa a la responsabilidad que nos toca como sociedad. Allí debemos decir y hacer una mea culpa, todos nos llevamos esa materia a marzo del año que viene, porque de alguna u otra manera, violentamos las restricciones en cierto momento.
Ahora es cuando más debemos demostrar que esa responsabilidad social no sólo sirve para declamarse, si no para ponerse en práctica de manera inmediata. Por más que sea una cuestión lógica, no está de más decir que cualquier medida que el Gobierno adopte, si la sociedad no está dispuesta a cumplirla, será en vano y la problemática estará lejos de solucionarse. Hoy se escucha decir la típica frase “somos hijos del rigor”, no obstante, hay una gran franja social que evidentemente no está preparada para cumplir las reglas, ni siquiera cuando se trata de una cuestión de vida o muerte como ésta.
Jubileo
La gran noticia de la semana a nivel gubernamental pasó por la Cámara de Diputados, que dio el visto bueno a un proyecto del Ejecutivo que implica otorgar un adicional jubilatorio para aquellos agentes de la Administración Pública que estén en condiciones de acceder al beneficio previsional.
Este fue uno de los ejes de la campaña electoral de Ricardo Quintela cuando fue candidato en octubre pasado y dio cumplimiento esta semana, al lograr la sanción de la ley respectiva. La normativa alcanza a todos los agentes de las tres funciones del Estado provincial y municipal en edad de jubilarse, para gozar de un adicional similar a la quincenita que cobran los activos.
“El adicional será solventado con los recursos del Estado Provincial”, se encargó de remarcar el diputado Ricardo Herrera en la sesión, a raíz de una inverosímil versión periodística que este monto sería producto de un descuento a los trabajadores activos de la provincia.
De acuerdo con las estimaciones del Gobierno, son unas dos mil personas que están en condiciones de jubilarse y no lo hacían para no perder la quincenita que se cobra en actividad. Quienes decidan acogerse al beneficio, percibirán ese adicional por el lapso de seis años y tendrá la misma movilidad que un empleado activo.
El Gobierno anunció que se invertirán unos 170 millones de pesos anuales en esta iniciativa, que obedece también a una necesidad de descomprimir el esquema estatal de empleo, que viene saturado desde hace muchos años. Quintela de esta manera y a pesar de estar en medio de grandes definiciones en torno a la pandemia, comienza a pensar más allá, cumpliendo además con compromisos electorales.
Esta tarea programática pospandémica, resulta tan necesaria como las medidas de emergencia que se puedan tomar ante la crisis, porque significa que se piensa en el futuro y que una vez superado este escollo, podremos mirar con esperanza el crecimiento de nuestra provincia.