
13/09/20
La Secretaría de Derechos Humanos de La Rioja explicó a través de diversos puntos la situación caracterizada por la protesta, en la que un trabajador municipal expresó conceptos amenazantes a funcionarios públicos.
1- Nadie del Poder Ejecutivo Provincial denunció a esa u otras personas.
2- La manifestación gozó de las garantías constitucionales que tienen que ver con el derecho a peticionar.
3- La promoción de acción penal fue llevada a cabo por un fiscal de oficio merituando que el hecho revestía la comisión de un delito.
4- El juez de turno interviniente resolvió y ordenó la detención del acusado.
5- La persona imputada tiene garantizada el debido proceso, el derecho de defensa y la presunción de inocencia.
6- Hasta aquí, todos los pasos están ajustados a derecho.
7- Ya desde el punto de vista político, mi impresión es que la detención, por un posible delito de la persona, en una manifestación legítima, va a ser leída y/o aprovechada y dimensionada con intereses diferentes a los jurídicos.
8- En ese sentido la privación de la libertad adquiere una dimensión y una realidad desproporcionada.
9- Decir que hay similitud con el actuar de la dictadura militar no se ajusta a la realidad.
10- El gobierno de la Provincia, con su gobernador Ricardo Quintela, no promueve ninguna persecusión ni limitación al reclamo justo de los y las trabajadores.
11- Al contrario garantiza la libre y pacífica expresión de todos, como corresponde a un Estado democrático.
12- Si alguien considera, y tiene elementos que lo avalen, para acusar de mal desempeño a los magistrados, puede presentar la denuncia respectiva ante los institutos constitucionales correspondientes.
13- La Secretaría de DDHH se pone a disposición por cualquier circunstancia que vulnere o afecte el acceso efectivo a la Justicia.