Promueven la protección de los datos personales e información sensible en Argentina

Diario El Independiente || Edición Digital

Sociedad

08/12/20

Promueven la protección de los datos personales e información sensible en Argentina

Siguen al alza los casos en los que los activos digitales (datos personales de la ciudadanía) resguardados por el Estado han quedado vulnerados y expuestos. La Fundación Vía Libre busca promover políticas públicas de seguridad de información que cumplan con un enfoque de derechos humanos. El proyecto surgió como respuesta a la necesidad de proteger las bases de datos personales de la ciudadanía que resguarda el Estado y garantizar la libertad de expresión, sin censura ni límites arbitrarios, para toda la población..

Latinoamérica atraviesa por un contexto de grandes retos en el plano de los datos personales y los límites de expresión. Actualmente existen cada vez más bases de datos sensibles con información de millones de argentinas y argentinos; estos activos digitales requieren salvaguardas específicas. A pesar de eso, no existen protocolos ni condiciones para que estas medidas sean implementadas en su totalidad en el país, lo que vulnera y pone en riesgo los derechos humanos de la ciudadanía. Por esta razón es imperativo un resguardo de los activos digitales en poder del Estado, con la protección adecuada y con enfoque de derechos humanos.

Sin ir muy lejos, en octubre de este año se dio a conocer que los datos personales de más de 50 mil usuarios del sistema de pago electrónico de Caminos de Sierras (administrado por la Red de Accesos a Córdoba) estuvieron expuestos. Se trata de datos como nombres, apellidos, número de DNI, tarjetas de crédito y débito, correo electrónico, dirección, teléfono, entre otros.

Asimismo, recientemente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se convirtió en el primer distrito en regular el uso del reconocimiento facial en la vía pública para detectar prófugos de la justicia. No obstante, este mecanismo es rechazado por asociaciones expertas en el tema ya que los algoritmos no son neutros ni perfectos, y tanto mujeres como afrodescendientes han sido víctimas de falsos positivos, lo que vulnera sus derechos humanos y un buen manejo y resguardo de sus datos personales. Además de tener sesgos que derivan en discriminación a diversos colectivos, aun si funcionaran de forma perfecta, suponen un mecanismo de control del espacio público que no es congruente con un sistema democrático.

Otro caso que llama la atención sucedió el lunes 9 de noviembre, cuando un mensaje de hackeo apareció en la sección de noticias del sitio oficial del Estado, argentina.gob.ar, desde donde se realizan trámites como los permisos de circulación, jubilaciones, pensiones, vacunas, cambios de DNI, etc. A pesar de que fuentes oficiales del sitio afirmaron que ningún tipo de información había sido comprometida, el incidente dejó al descubierto la vulnerabilidad en la que se hallan los datos de una página oficial del Estado.

Como respuesta a todas estas fallas en la protección de activos digitales en el país, la Fundación argentina Vía Libre está desarrollando e implementando el proyecto Iniciativa Multisectorial para la Seguridad de la Información y los Derechos Fundamentales, que busca la colaboración entre actores del sector público y privado para desarrollar políticas que protejan los activos digitales (es decir, los datos personales y la infraestructura crítica que debe resguardarlos) y cuyo objetivo es promover políticas públicas integrales y cooperación en asuntos fundamentales como la seguridad de la información con base en estándares internacionales de derechos humanos. La iniciativa fue seleccionada por Indela (Iniciativa por los Derechos Digitales en Latinoamérica) como una de las 6 ganadoras a nivel regional, para recibir financiamiento y acompañamiento que le facilite alcanzar sus objetivos.

De acuerdo con Beatriz Busaniche, Directora de Fundación Vía Libre, “desatender el tema puede traer el desarrollo y puesta en marcha de sistemas inseguros no apropiados para la ciudadanía, por lo que urge promover el reporte responsable de vulnerabilidades, proteger y promover a la comunidad de Infosec (empresas y especialistas en seguridad de la información) que realiza su tarea con esta visión, y crear mecanismos y protocolos de acción apropiados para prevenir el daño”.

Los pasos primordiales a seguir para la implementación del proyecto son: realizar un diagnóstico de la seguridad de la información en instituciones estratégicas, establecer protocolos de trabajo con éstas y fortalecer la comunidad Infosec para construir una idea de ciberseguridad más allá de la idea punitiva.

Así, entre los resultados que espera obtener, pueden mencionarse la generación de un entorno propicio para el reporte, seguimiento y solución de vulnerabilidades digitales; la adopción de protocolos de seguridad de la información en el ámbito estatal, y la promoción de la tarea preventiva de mitigación de riesgos en Infosec.

Con este proyecto la Fundación buscará definir y establecer una política pública de protección de los activos digitales en poder del Estado Argentino. El diseño de una política de Estado en ciberseguridad requiere un viraje conceptual desde la tradicional mirada punitiva a una activa política de prevención y buenas prácticas.

En este marco se establecerá un procedimiento de gestión de las aplicaciones que distribuye la Secretaría de Innovación Pública que consiste en que antes de lanzar cualquier aplicación, se realice un control riguroso de necesidad, proporcionalidad, legalidad y seguridad de la información para minimizar los riesgos inherentes a la recolección de datos personales. También se desarrollará una auditoría de seguridad previa a la publicación de cada aplicación: antes de promover el uso, se realiza una invitación a la comunidad de Infosec a aportar críticas y reportes de vulnerabilidades.

Finalmente, la Fundación advierte que si no se atienden de fondo estas problemáticas, podrían desarrollarse problemáticas graves como la persecución de investigadores de seguridad, el establecimiento de regulaciones sobre ciberseguridad sin enfoque de derechos humanos, la desatención de vulnerabilidades que pueden redundar en conflictos con la ley penal (por ejemplo, el caso Gorra Leaks) y la filtración de datos de la ciudadanía.