18/12/20

Curtume S.A. "no se encuentra en condiciones de funcionar"

La Asamblea El Retamo denunció que la Justicia demora la resolución del cese preventivo y precautorio de las actividades industriales y comerciales de la empresa Curtume S.A. en base al dictamen formulado por la Fiscal Federal a cargo de la causa, María Virginia Miguel Carmona, por estar en juego los derechos a la vida, la salud y medio ambiente sano.

---

---

Medios El Independiente entrevistó ayer al representante legal de la Asamblea El Retamo, al doctor Pablo Sánchez Latorre, quien precisó que “la medida cautelar para la clausura preventiva de la empresa debía resolverse a los tres días de ingresada a despacho”, porque al contaminarse el medio ambiente y ponerse en riesgo la vida y la salud los plazos “no pueden extenderse”, denunciando que habiendo ingresado el 12 de junio, a diciembre todavía “no tenían una resolución”.       

Latorre expresó que la planta Curtume S.A. “no se encuentra en condiciones de funcionar porque transgrede la Ley de Residuos Peligrosos 24.051”, destacando que “hay pruebas que demuestran la presencia de compuestos peligrosos en los efluentes líquidos evacuados por la empresa, cuyos valores están por sobre los niveles límites permitidos”. Se trataría de los informes aportados a la causa por la Prefectura Naval Argentina y la Secretaría de Ambiente de La Rioja, en base a las “muestras tomadas en los distintos puntos  alrededor de la planta”.

Además, Sánchez Latorre refiere, conforme a los informes periciales, a los “residuos peligrosos detectados” durante los muestreos, como ser “compuestos fenólicos, cromo total”, entre otros, precisando que estas sustancias “pueden provocar efectos adversos sobre la salud en caso de exposición prolongada o contacto directo”, por tratarse en el caso del “cromo hexavalente” de una “sustancia cancerígena” según la “Agencia Internacional del Cáncer”.

Incluso Latorre señaló que la petición cautelar de Carmona para el cierre preventivo de la planta Curtume S.A “se sustenta en las conclusiones arribadas por esos informes periciales”, enfatizando en que “desde el minuto cero debieron resolver la clausura de la empresa” porque así lo establece el “Principio Precautorio de la Ley General de Ambiente 25.675”, en tanto instituye que “ante la mínima sospecha de contaminación de una actividad, debe ser clausurada hasta tanto se demuestre lo contrario”.

“El pedido de la asamblea no es erradicar a la empresa o que se traslade, o cierre y deje a los trabajadores en la calle, para nada, sino que se ajuste estrictamente a los estándares prescriptos por la norma”, expresó Sánchez Latorre. Sentenciando que “al extenderse los plazos se deniega Justicia a las víctimas y a los victimarios del ambiente”.

---

---

---

---