13/05/21
Defensora General manifestó que hay una desprotección hacia funcionarios públicos
La titular del Ministerio Público de la Defensa, Azucena Sánchez, advirtió sobre la situación que sobrellevan funcionarios y profesionales que cumplen su rol en distintas actuaciones a cargo de ese organismo judicial, quienes se ven expuestos a ataques y agresiones personales, afectando en algunos casos la integridad física.
Sánchez recordó que la legítima defensa es un derecho amparado por la Constitución Nacional y que es en ese marco que la institución interviene y presta servicios en la protección de los Derechos Humanos. El Ministerio Público de la Defensa (MPD) tiene como función garantizar el acceso a la Justicia y la asistencia jurídica integral, en especial de aquellas personas en situación de vulnerabilidad.
"Se trata de una institución reconocida constitucionalmente y destacada como parte de una comunidad organizada en el marco republicano de un Estado de Derecho", remarcó la Defensora General.
En este sentido, Sánchez expresó un enérgico repudio a las agresiones y ataques que en un caso reciente vienen afectando directamente a funcionarios que conforman la estructura del organismo en cumplimiento de sus roles y deberes. Alertó que es necesario que las autoridades de la Función competente tomen conocimiento y dispongan las medidas para evitar que estos hechos continúen produciéndose.
"Lo que sucede es muy grave y nos preocupa que estos ataques puntuales hacia un funcionario oficial se agudicen y en el futuro generen consecuencias aún peores y todavía más lamentables", explicó Sánchez.
Relató que "días atrás el defensor de Pobres y Ausentes, Martín Yoma, fue agredido verbalmente y con golpes en su vehículo particular, impidiéndole el ingreso a una audiencia de juicio. Cuando finalmente pudo ingresar, una persona intentó agredir física y arteramente a una colaboradora del equipo que lo acompañaba y la Policía intervino para impedirlo. Esto es inadmisible y altamente perjudicial para el normal desenvolvimiento de las instituciones".
Garantizar el rol del defensor público
La titular del MPD señaló además que "entendemos el dolor de los familiares de denunciantes y víctimas de los casos en los que toca al Defensor público litigar representado al o los imputados y observamos estás reacciones desde lo humano, pero no podemos transigir con las conductas agresivas y la violencia mediática, ya que no corresponden con los funcionarios judiciales de este organismo, cuyo mandato procedimental los obliga a ofrecer una defensa integral, con resguardo de su independencia técnica y funcional".
Por este motivo, Sánchez consideró importante hacer un llamado al tratamiento responsable de la información en los medios de comunicación, evitando especulaciones que confundan y, sobre todo, cuidando de salvaguardar el honor de las personas ante procederes que hagan mella en la figura y pongan
en riesgo individual a quienes se desempeñan como funcionarios públicos, cuando son motivados por el sólo hecho de cumplir su tarea.
Asimismo, haciéndose eco de los reclamos interpuestos por los integrantes del MPD que fueran injustamente insultados y agredidos, la Defensora General manifestó que es importante que las fuerzas de seguridad encargadas de la custodia de los lugares donde se desarrollan los procesos judiciales valoren debidamente el contexto de las causas y refuercen con medidas de protección urgentes y acordes a la relevancia institucional que revisten las actuaciones del Ministerio Público de la Defensa.
Los hechos
El 4 de mayo pasado en sede de la Asociación de Magistrados de la Provincia, el defensor de Pobres y Ausentes del MPD, Martín Yoma, que actúa en la causa por violencia de género e intento de homicidio en el que se encuentre imputado Ángel Nicolás Ruarte, fue increpado y agredido verbalmente por un grupo de allegados a la denunciante.
En esa ocasión, según expuso Yoma, además de impedirle el descenso desde su vehículo particular, la emprendieron a golpes en el mismo, obligándolo a retirarse ante la inacción policial. Una vez que pudo retornar a la sede judicial, aún cuando fue protegido por un grupo de policías, junto a una colaboradora fueron insultados y una persona intentó golpear por atrás a la funcionaria.
Estos incidentes, sumado a los términos ofensivos sobre su persona que se difunden a través de algunos medios de comunicación, llevaron a Yoma -en vistas de la proximidad de nuevas audiencias de debate- a elevar una queja formal para exigir mayores medidas de protección y un protocolo que tenga en cuenta la seguridad de los representantes del MPD en la función judicial.
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